En total 13 efectivos policiales y cuatro civiles fueron imputados por malversación de fondos públicos, cohecho y defraudación agravada, tras una investigación que reveló una trama  de desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros.

El juez Gustavo Pérez Urrechu dictó prisión preventiva por seis meses para 16 de los 17 imputados, incluyendo a altos mandos de la Unidad Regional II. La única excepción fue una empleada administrativa de la estación de servicio involucrada.

De acuerdo a la acusación del fiscal José Luis Caterina, la maniobra consistía en registrar cargas de combustible en patrulleros fuera de servicio o inexistentes, utilizando tarjetas “Visa Flota” asignadas a los móviles policiales. Estas operaciones se concentraban en una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, en la zona sudoeste de Rosario.

Se detectaron casos donde patrulleros inmovilizados registraban consumos diarios de entre $20.000 y $30.000 en nafta. Incluso, un vehículo del Comando Radioeléctrico facturó 170 litros más de lo necesario para su recorrido.

Se concretaron  allanamientos a domicilios de los imputados y se encontraron más de 300 tarjetas “Visa Flota”, un posnet de la estación de servicio y documentación relacionada con las cargas fraudulentas.

Entre los policías imputados se encuentran el comisario Gerardo Ramírez, jefe de distribución de combustible de la Unidad Regional II; el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada; y el comisario Fabián Fantín, jefe de la Sección Perros y Caballería. También fueron acusados subinspectores y personal administrativo.

Los civiles involucrados son Daniel Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos vinculados a la gestión de la estación de servicio donde se realizaban las operaciones fraudulentas.