A 11 años del femicidio de Magalí, la Casa Valeria pide respuestas para prevenir la violencia de género
Se cumplieron 11 años desde el femicidio impune de Magalí Giangreco. El fiscal Carballo, quien mandó la causa a archivo para su preservación mientras no surjan novedades, dijo que "presumiblemente" murió por "asfixia mecánica" tras un ataque a su integridad sexual. Exactamente un mes atrás, se declaró la emergencia en violencia de género. La Casa Popular Valeria reclama aceitar mecanismos que permitan atender a una problemática que crece. La concejal Landívar aseguró que "tenemos el compromiso" de sumar a las organizaciones al debate en comisiones. Desde el Municipio, se adelantó que las respuestas oficiales se conocerán este martes en el discurso del Intendente de apertura de sesiones del HCD.
Cuando se cumplieron este viernes exactamente once años desde el femicidio de Magalí Giangreco, en tiempos en los que ni la palabra ni la figura penal formaban parte de la agenda, la Casa Popular Valeria salió a exigir respuestas sobre la emergencia en violencia de género declarada un mes atrás. Respuestas que recién tendrá este martes, en la voz del intendente Ezequiel Galli, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Antes –se aseguró desde la Dirección de Políticas de Género ante la consulta de este diario- no se va a emitir palabra.
Los aniversarios suelen reabrir heridas nunca cicatrizadas para los afectos pero, para las sociedades y el poder político, deberían funcionar como el recordatorio de que no puede haber distracciones. Y que resulta imprescindible mover las piezas para modificar una realidad que no sólo no cambió sino que, a lo largo de los últimos años, se profundizó.
Fue en la madrugada del carnaval del 28 de febrero de 2009 en que desapareció Magalí, una adolescente de 17 años, alumna de la Media 8, cuyos restos fueron encontrados el 12 de marzo. La halló un trabajador en un terreno olvidado de una estación de servicio abandonada de Junín y Vélez Sársfield. Allí donde ya desde hace algunos años funciona una fábrica textil.
Ya para ese entonces Olavarría contaba en la mochila de su crónica roja con femicidios icónicos como los de Karina Mairani (octubre de 2002), Olga Yapour (marzo de 2004), Mara Navarro (travesticidio ocurrido en octubre de 2004), Andrea Trinchero (diciembre de 2005), Dana Pecci (noviembre de 2007), Valeria Cazola (junio de 2008). Después del de Magalí llegarían otros. Inclusive, el de Graciela Tirador que fue el primero en todo el país tras la inclusión de la figura de femicidio dentro del Código Penal (aunque no el primero en llegar a juicio con esa carátula).
Algunas de esas historias quedaron impunes. Otras, tuvieron juicio y hubo condenas. La de Magalí, puntualmente, fue archivada y jamás se conoció el mecanismo de la muerte y quién fue responsable. Así lo aseguró para esta nota el fiscal David Carballo, a quien la causa llegó pasados 8 años del crimen, en los tiempos en que estaba al frente de la fiscalía de Delitos Especiales de Azul.
"La revisamos con mi equipo y concluimos que se habían tomado todas las medidas posibles. Consulté con la abogada que representaba a la madre de Magalí si ella consideraba que había medidas que no se hubiesen tomado y que creía necesarias. Entonces determiné ponerla en archivo, en julio de 2017, para preservarla y hasta tanto no surja ningún tipo de elemento que permita alguna nueva hipótesis". En diálogo con esta periodista, Carballo planteó que "el fallecimiento de Magalí habría sido producto de una asfixia mecánica tras un ataque contra su integridad sexual y ante la resistencia que haya interpuesto Magalí. Presumiblemente fue así".
Emergencia
La Casa Popular Valeria, nacida en homenaje a una de las víctimas de femicidio, tenía entre sus militantes a Valentina Gallina, la hija mayor de Valeria Cazola. La adolescente fue asesinada el sábado 4 de enero de este año en un hecho que conmocionó a la ciudad. Fue a raíz de este nuevo femicidio que se terminó de concretar la declaración de emergencia en violencia de género.
A un mes exacto de que el Concejo Deliberante aprobara (excepto algunos artículos que ahora están siendo tratados en comisión) la declaración de emergencia en la temática y a casi dos meses del femicidio de Valentina, Hosanna Cazola (familiar y referente de Casa Valeria) argumentó que "ya en enero decíamos que la decisión de hacer una denuncia es un salto al vacío y hoy lo estamos corroborando porque no están dadas las condiciones para que una mujer se sienta contenida y encuentre, a partir de una denuncia, una rápida resolución a su situación".
Mercedes Landívar, concejal e impulsora de la declaración, advirtió que si bien hubo artículos que quedaron para trabajar en las comisiones de Género, Hacienda y Legislación, "con la aprobación de la declaración de Emergencia ya el Ejecutivo podría haber comenzado con diferentes líneas de acción relacionadas con lo que veníamos planteando". Y que "bastaría la voluntad política para tomar decisiones en el marco de la emergencia. No se están destinando partidas especiales para concretarlas".
Tras el planteo de Casa Valeria de que "esperamos ser convocadas por las distintas comisiones del Concejo Deliberante", Landívar adelantó el "compromiso, al menos de nuestro interbloque, a invitar a las organizaciones a participar en las comisiones". Y respondió a este diario que "no hay una sistematización y ésa fue una de las cuestiones que salió a la luz" en relación a los casos de violencia de género que se denuncian. "Solicitamos a las organizaciones que sistematizaran el trabajo diario que ellos hacen y es algo que permite plantear al Ejecutivo o al Concejo cuáles son las cosas que están faltando. Las temáticas que se repiten, cuál es la cantidad y los tipos de violencia más reiterados. Cuestiones que permitirían pensar en políticas públicas".
El panorama que describe Hosanna Cazola da cuenta del crecimiento de las denuncias que se presentan en la organización social y de la necesidad de contención "tanto psicológica como cuerpo a cuerpo". Pero asegura: "no se da abasto".
Tras el femicidio de Valentina y el lugar de mayor exposición de Casa Valeria, creció el número de "mujeres y disidencias que se acercan con pedidos de resolución inmediata con situaciones muy caóticas y de enorme vulneración. La dinámica es la de citar a las mujeres a Casa Valeria, sobre todo los miércoles en que, a partir de las 10 de la mañana las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género o las mismas Florencia Juárez o Dolores Muro están en la casita. Los últimos casos son muy difíciles de abordar porque más allá de la predisposición y de lo aceitada que está la relación con la Dirección, no hay dispositivos para contener las situaciones, que son graves, de hostigamiento, de pérdida de trabajo de las mujeres, de dificultad para notificar a los violentos, falta de personal en la comisaría de la mujer y que no dan abasto para tomar las denuncias".
Uno de los reclamos más concretos es el de "la apertura de un hogar de contención para las situaciones más riesgosas o más complejas en términos de lo que la mujer o disidencia pueden afrontar hasta que sale la exclusión del hogar o una custodia permanente con toda la dificultad que implica estar en esas condiciones. Son varios casos por semana. Y se suma la falta de vínculo que nosotras tenemos con las mujeres a la hora de abordarlas. Porque nosotras trabajábamos en el tiempo a partir del vínculo que podíamos construir pero ahora están llegando casos de mujeres que nos llaman al salir de la comisaría pidiendo que aceleremos el trámite. Se generó como un imaginario de que, como Casa Valeria, tenemos la capacidad de generar algún circuito a través de la relación fluida con determinadas trabajadoras del estado. Pero muchas veces escapa del alcance nuestro y de las mismas trabajadoras porque el sistema no está preparado para responder".
Con enorme crudeza, Hosanna Cazola advierte que las mujeres abandonan su denuncia en "el camino por no poder sostener los tiempos y la falta de contención y vuelven a estar sometidas a ésa o a otras relaciones con vínculos violentos".
113 puñaladas
Hay coincidencias en las fechas para muchos episodios que marcaron a fuego la historia. El viernes quedó en libertad Fabián Tablado, un hombre que purgó 24 años de cárcel tras el homicidio de Carolina Aló de 113 puñaladas. Y que, estando en prisión, se casó, tuvo hijas mellizas con su pareja y terminó intentando violencias que derivaron en otro juicio que implicó adosarle dos años y medio más a su ya extensa condena. Tablado cumplió su pena (gran parte, en la Unidad Penal 2 de Sierra Chica) y, sin embargo, no hay modo de pensar que todos los años transcurridos modificaron su conducta y su mirada de la mujer. Pero cumplió su condena y, por ende, fue puesto en libertad. Es más que probable que, ante la posibilidad de nuevas parejas, intente nuevamente asesinar o directamente lo concrete.
Y éste es un debate social. Porque nadie podría afirmar que el de Carolina Aló es un caso que quedó impune. Su asesino cumplió la totalidad de la condena judicial. Se achicó apenas un par de años por los beneficios de la Ley 24.390 (dos por uno) nacida con la finalidad de liberar a las cárceles del sobrehacinamiento y derogada tras los crímenes de Natalia Melmann y la pequeña olavarriense, Yenifer Falcón. Pero benefició a Tablado porque estaba vigente al momento del homicidio de Carolina Aló.
El debate absolutamente vigente hoy, entonces, debería conducir a pensar si la cárcel es una institución que permita modificar (para bien, obvio) las vidas de quienes la transiten. Más aún cuando se trata de un femicidio.
Todo es contradictorio. Tablado cumplió su condena y fue liberado. Y en la misma mañana en que se abrieron para él las puertas de la cárcel de Campana, la jueza de Familia de San Isidro, Silvia Celina Sendra, le impuso una perimetral de 300 metros que le impedirá acercarse a Roxana, su ex esposa, y a sus hijas mellizas de 11 años.
Es decir, por un lado, se considera que puede estar en libertad. Por otro, que las mujeres de su entorno están en peligro. Fabián Tablado empieza a estar libre. Ellas, a estar presas.