En una entrevista exclusiva en Extra TV, el abogado César García ha arrojado luz sobre una serie de preocupantes irregularidades que afectan a la cooperativa eléctrica de la Barriada. La cooperativa, conocida como "Coopelectric" ha estado en manos de la misma administración durante más de 30 años, con solo dos elecciones celebradas en ese período.

García, quien ha estado investigando estas irregularidades durante años, reveló que la cooperativa ha aumentado unilateralmente la cuota capital, un movimiento que ha afectado tanto a los usuarios residenciales como a las empresas locales. Este aumento, que no ha sido sometido a asamblea ni a consulta con los 50,000 socios y usuarios de la cooperativa, ha generado una gran controversia en la comunidad.

El abogado destacó que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) ha emitido una resolución que exige a Coopelectric devolver todos los montos cobrados ilegalmente por el aumento de la cuota capital. Esta resolución, que se emitió recientemente, obliga a la cooperativa a reembolsar a todos los usuarios, desde los residentes comunes hasta las grandes empresas, lo que podría representar una suma significativa.

García también señaló que la falta de elecciones en la cooperativa se debe a las complejas condiciones impuestas para la presentación de candidaturas, lo que dificulta que se celebren elecciones democráticas. Además, la cooperativa ha estado cobrando intereses sobre un préstamo en dólares que nunca se pagó por la construcción de plantas depuradoras, y los usuarios siguen pagando esta deuda décadas después de que se tomara el préstamo.

El municipio ha sido acusado de complicidad en estas irregularidades debido a conexiones políticas y favores pendientes con la cooperativa. Sin embargo, García se muestra optimista de que la situación cambiará en el futuro y que los usuarios no tendrán que seguir soportando estos aumentos injustificados.

La entrevista revela una historia de abuso de poder y falta de transparencia en la cooperativa eléctrica de la Barriada. Los ciudadanos esperan que las acciones legales y las investigaciones en curso finalmente resuelvan estos problemas y garanticen una distribución justa y equitativa de los servicios públicos en la comunidad.