Una de las tres ex empleadas de la Dirección de Bromatología del Municipio, acusadas de formar parte de una asociación ilícita, ha sido condenada a tres años de prisión con cumplimiento condicional por una serie de delitos, entre ellos fraude y estafas, cometidos mientras desempeñaba sus funciones.

El juicio abreviado se llevó a cabo el pasado jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.

Gabriela Claudia Carlos, de 51 años de edad, fue considerada coautora de "fraude en perjuicio de una administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento público falsificado reiterado, en concurso real con asociación ilícita."

Las investigaciones comenzaron en 2017 después de que el Municipio denunciara a Carlos, junto a Silvia Elvira Baudry y Liliana Edith Álvarez, por delitos que incluían "Defraudación a la Administración Pública, Estafa, Falsificación de Documento Público y Asociación Ilícita". Las tres fueron detenidas en marzo de 2018 por personal de la Sub DDI, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

Baudry y Álvarez ya habían sido condenadas anteriormente, por lo que Carlos fue la última de las tres en ser juzgada.

El fallo especifica que las acusadas cometieron los delitos mientras trabajaban en la Dirección de Bromatología, "actuando en conjunto, con división de tareas, de manera organizada y con permanencia en el tiempo, mediante ardid y abusando de la confianza inspirada en su condición de empleadas públicas de la mencionada oficina, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad de Olavarría, cobrando en nombre de dicha administración pública, sin estar habilitadas para hacerlo, en dinero en efectivo, y en alguna oportunidad con cheques."

Además, emitían "recibos apócrifos", lo que les permitía apropiarse de sumas de dinero pertenecientes al Municipio, ascendiendo a más de 285 mil pesos en efectivo y más de 31 mil pesos a través de cheques.

Estos delitos afectaron a más de una decena de olavarrienses, incluyendo titulares de diferentes empresas.

Gabriela Carlos también fue considerada autora de dos delitos de "estafa", uno de "estafa en tentativa" y dos de "uso de instrumento público falsificado", todos cometidos en 2017. La mujer se presentaba como agente de la Dirección de Bromatología en varios comercios, cobraba dinero en efectivo a los propietarios y entregaba protocolos falsos con la firma falsificada de la titular de la cartera en ese momento, Mirta Alcobedo.

Como parte de la condena, Gabriela Carlos fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y deberá cumplir ciertas condiciones impuestas por el juez, que incluyen someterse mensualmente al cuidado del Patronato de Liberados y abstenerse de cometer delitos.