El Gobierno, bajo la administración de Javier Milei, ha comenzado un proceso para intervenir todos los registros automotores del país. La iniciativa busca eliminar la influencia política y los supuestos abusos que han caracterizado a estos registros durante mucho tiempo.

En Argentina, existen un total de 1,557 registros de la propiedad automotor que gestionan una gran cantidad de transferencias e inscripciones de vehículos mensualmente, incluyendo automóviles, motocicletas y maquinaria agrícola. Estos registros operan bajo la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y están bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia.

Uno de los principales problemas que se han identificado en estos registros es su supuesta utilización como "cajas políticas". Se ha denunciado que las asignaciones de fondos a cada registro automotor son excesivas en comparación con los costos reales de operación. Además, se ha descubierto que muchos de estos registros están dirigidos por exfuncionarios o familiares directos o indirectos de funcionarios políticos, quienes supuestamente utilizan los recursos de manera irregular para fines políticos, incluyendo financiamiento partidario.

En 2022, se realizaron 407,532 operaciones de vehículos nuevos, 1,589,000 de vehículos usados, 410,955 de motocicletas nuevas y 401,562 de motocicletas usadas en estos registros. A pesar de esta gran cantidad de trámites, los registros automotores manejan cajas millonarias, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia de su gestión.

El Gobierno de Milei está buscando revocar las intervenciones actuales en los registros automotores y nombrar nuevos interventores en más de cien de estos registros. Esta acción forma parte de su campaña para eliminar la influencia política en este sector y mejorar la eficiencia de los trámites relacionados con vehículos.

Existen proyectos de ley en el Congreso argentino que cuentan con el respaldo de diferentes partidos políticos, incluyendo Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que buscan la eliminación completa de los registros automotores y la simplificación de los procesos de transferencia de vehículos, eliminando la necesidad de transferir la patente, trámites adicionales y cargas impositivas.