Fueron las partes, integradas por el fiscal David Carballo y la defensora oficial Soledad Kelly, quien representó a la acusada Silvina Elvira Baudry, quienes acordaron dirimir el proceso judicial en juicio abreviado, recayendo todo en manos de la jueza María Alejandra Raverta, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. La magistrada azuleña avaló tanto la pena mencionada al inicio de este artículo como la imputación contra la suspendida funcionaria municipal: "fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento público falsificado reiterado en concurso real, y asociación ilícita en concurso real".

En virtud de lo recabado en la investigación desarrollada desde la fiscalía de Delitos Complejos, además del aporte inicial de la fiscalía local de la doctora Paula Serrano, se logró acreditar el registro de diversos ilícitos protagonizados tanto por Baudry como por otras dos ex funcionarias municipales de esa misma área, quienes también se encuentran suspendidas de sus cargos y aguardan por la concreción del juicio correspondiente, que ya no podrá tener a la doctora Raverta implicada debido a que ya se proclamó sobre esta cuestión.

Los hechos por los que se condenó a Baudry se registraron entre "el 23 de julio de 2015 y el 6 de junio de 2017", según puede leerse en la sentencia a la que tuvo acceso este Diario. "Abusando de la confianza inspirada en su condición de empleadas públicas de la mencionada oficina, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad de Olavarría, cobrando en nombre de dicha administración pública, sin estar habilitadas para hacerlo, en dinero en efectivo, y en alguna oportunidad con cheques", se completa pocas líneas después, todo a medida que se da cuenta de la realización de servicios tales como análisis de aguas y productos alimenticios, además de habilitaciones, labores que no se encontraban habilitadas a realizar y mucho menos cobrar por las mismas. "expidiendo en muchos de los casos recibos apócrifos y apoderándose indebidamente de dichas sumas que debieron ingresar a las arcas municipales, provocando con ello un perjuicio patrimonial al erario municipal", concluye ese apartado en el que se refiere que las pérdidas superan los 300 mil pesos. El detalle arroja "un total aproximado de doscientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos ($287.758), de los cuales se encuentran documentados con recibos apócrifos y un cheque la suma total de treinta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos ($31.488)".

Fundamentos

El fallo está comprendido por 30 fojas, comprendidas en su mayoría por las declaraciones testimoniales de los damnificados, se trata de 15 entre particulares y distintas firmas de la ciudad, pasando desde distribuidoras hasta supermercados y fábricas. También se cuenta con las declaraciones testimoniales de funcionarios municipales, entre ellos la titular de Bromatología municipal, Mirta Alcobedo, o la doctora Alejandra Malamud, que fue quien formalizó la denuncia en representación del Ejecutivo local.

Sin dudas uno de los testimonios más importantes fue el de Alcobedo, quien expresó que ninguna de las funcionarias implicadas en la causa se encontraban habilitadas a realizar inspecciones. Es más, añadió que cumplían toda la jornada en el interior de las oficinas de la dependencia y que, en el caso particular de Baudry, su función era la de realizar órdenes de compra para insumos. En la declaración expuso además los nombres de los funcionarios habilitados para las inspecciones.

"De la totalidad de los testimonios transcriptos se desprende un idéntico modus operandi en todos los hechos por parte de la aquí imputada, quien aprovechándose del control absoluto que tenía, con al menos dos personas más, respecto del cobro de los servicios brindados por la Dirección de Bromatología, frente al cambio de sistema de cobro electrónico obligatorio implementado, omitieron informar dicha circunstancia a los particulares y continuaron efectuando el cobro en efectivo y con la entrega de recibos de similares características, apropiándose indebidamente de las sumas percibidas. Que dicha circunstancia les impidió a los particulares sospechar sobre alguna irregularidad y mucho menos sobre la posible comisión de un delito, lo que les permitió a las imputadas hacerlo de manera continuada en el tiempo y con una total naturalidad dentro de la propia dependencia", concluye ese apartado.

Con todo ello se dispuso la aplicación de la mencionada pena. Ahora resta conocer si las otras dos acusadas optan por resolver sus respectivas causas judiciales de esta manera o llegar a una instancia de debate oral y público. Por lo pronto, ambas causas ya se encuentran elevadas en el Tribunal Nº 2.