La polémica expropiación de YPF en 2012, impulsada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, ha tenido consecuencias financieras significativas para Argentina. Tras más de ocho años de litigios, la jueza Loretta Preska, a cargo de una corte del Distrito Sur de Manhattan, falló en contra del país en septiembre pasado. La sentencia dictaminó que Argentina era culpable de una expropiación ilegal y la condenó a pagar una sanción de US$ 16,000 millones de dólares.

Gracias a Kicillof Argentina podría terminar pagando el triple de lo que vale YPF por la expropiación ilegal de 2012

Sin embargo, esta cifra multimillonaria es solo una parte del costo total de la expropiación. Los intereses generados por el juicio representan un costo adicional de más de 2 millones de dólares por día desde 2012. Si se considera el pago completo de todas las sanciones, el perjuicio total para el Estado argentino ascendería a más de US$ 26,000 millones de dólares.

Es importante destacar que la actual valoración de YPF en el mercado es de aproximadamente US$ 9,200 millones de dólares. Esto significa que, incluso en el mejor escenario, la venta completa de la compañía solo cubriría aproximadamente un tercio del costo total del juicio.

Además, el Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, lo que limitaría aún más la capacidad de pagar las sanciones. En resumen, la expropiación de YPF, que se promovió como una medida para recuperar la soberanía energética y generar ingresos significativos, ha resultado en un costo financiero significativo para Argentina, agravando aún más su crisis económica.