El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha tomado la decisión de aceptar una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y ha restituido la vigencia de la Ley 26.737. Esta ley establece restricciones a la venta de tierras a extranjeros y fue derogada previamente por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei.

La resolución del juez Kreplak suspende la derogación de la ley al menos hasta que la Cámara resuelva sobre el asunto o se tome una decisión definitiva en relación al mega DNU. La parte del DNU 70/2023 que derogaba la Ley 26.737 se enfocaba en desregular la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros, incluso permitiendo esta práctica en terrenos cercanos a los límites fronterizos.

La Ley de Tierras en Argentina, sancionada en 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández, regula la titularidad y posesión de tierras destinadas a usos agropecuarios, forestales, turísticos y otros fines. Su principal objetivo es limitar la propiedad de tierras por parte de individuos y empresas extranjeras, estableciendo criterios y excepciones.

Esta legislación establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras en el país, una provincia o un municipio, y fija un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, que abarca áreas muy fértiles en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalentes en otras provincias. Además, impone controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y la pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones a través de testaferros.

La derogación de esta ley había generado preocupación en diversos sectores de la sociedad argentina, y la medida cautelar otorgada por el juez Kreplak restituye temporalmente sus disposiciones mientras se resuelve el caso en los tribunales.