La flamante ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha tomado una decisión contundente al dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo luego de descubrir que los beneficiarios eran, en realidad, empleados públicos que continuaban recibiendo sus salarios de manera regular.

Esta medida surge a raíz de una exhaustiva investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan, quien cotejó las bases de datos del programa Potenciar Trabajo con las nóminas de empleados públicos de 14 provincias argentinas. A pesar de que aún se esperan datos de unas 10 provincias adicionales, los resultados iniciales ya revelan una cantidad significativa de casos similares en varias regiones del país.

La investigación liderada por Marijuan comenzó en noviembre, cuando solicitó acceso a las bases de datos de empleados estatales de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de cotejar esta información con el registro de beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, no todas las provincias respondieron a la solicitud inicial, y algunas de ellas han sido requeridas nuevamente para proporcionar los datos necesarios.

Lo que hace aún más impactante esta situación es que, cuando el fiscal Marijuan notificó a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sobre los resultados de la investigación, esta última optó por no tomar medidas y continuó pagando los planes sociales a pesar de su ilegalidad. Como resultado, tanto Tolosa Paz como Emilio Pérsico, quien en ese momento estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, fueron imputados en este caso y en otro relacionado con viajes al exterior de beneficiarios de planes sociales.

Durante la administración de Alberto Fernández, los planes sociales estuvieron bajo la supervisión de Emilio Pérsico, pero llevaban la firma de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. Pérsico estuvo a cargo del programa Potenciar Trabajo durante todo el período del gobierno del Frente de Todos.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya ha remitido su investigación preliminar a los fiscales federales de las provincias y ha solicitado la "suspensión y/o baja de planes sociales" como parte de la investigación en curso. El monto defraudado por este esquema no es insignificante, con ejemplos como la provincia de Jujuy, donde se encontraron 652 empleados públicos cobrando planes sociales, generando un gasto indebido de aproximadamente $50.800.000 mensuales, es decir, $609.600.000 anuales, sin ajustar por inflación.