Exactamente cuando transcurrieron cinco años desde la creación de una fiscalía temática dedicada a los hechos de violencia familiar, problemas entre vecinos e incumplimiento de deberes familiares se estaría evaluando con mucha fuerza la idea de volver al viejo sistema de fiscalías generales que instruyen todo tipo de causas, incluyendo las que actualmente están en manos de la doctora Susana Alonso.

Si bien el tema no ha sido confirmado oficialmente, es una idea que el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, doctor Eduardo Serradell, viene acariciando desde mediados del año pasado. La idea sería que la doctora Alonso vuelva a instruir causas de todo tipo y tenor y los caracterizados delitos sociales se repartieran entre el resto de los fiscales. De esa manera se ganaría una fiscal más para las causas más graves pero se perdería especificidad para las temáticas.

A pesar de que el tema tiene unos meses de estudio, se vincula particularmente con la merma de fiscales que se produjo en Olavarría en los últimos dos años a partir de las renuncias de Matías Castro, primero y de Francisco Javier Tourné, después. Situación a la que se sumó la licencia por carpeta médica de Viviana Beytía, que por otra parte se habría extendido hasta mediados de abril y que nadie atina en su entorno a afirmar si la licencia se extenderá, si retornará al cargo o si, inclusive, presentará su dimisión.

Todo ese escenario dejó apenas dos fiscales para instruir todo tipo de causas -Luis Arbío y Martín Pizzolo- y una fiscal, Susana Alonso, para las problemáticas sociales.

El actual esquema se había planteado en el mes de marzo de 2003 en que el mismo Serradell había decidido poner en marcha el actual esquema expresando -en entrevista con EL POPULAR- que permitía optimizar "los escasos recursos que se disponen y les conferirá al sistema mayor eficacia y celeridad en el tratamiento de las causas".

En ese momento, había adelantado que el esquema respondía a la idea de "estar más cerca de la gente y poder solucionarle sus conflictos en vez de proceder a la mera mecanización de judicializarlos". Y había defendido la división de las estructuras porque de esa manera "vamos a lograr eficiencia y mayor celeridad en la tramitación de las causas" teniendo en cuenta que las causas sociales "rondan el 30 por ciento, en tanto el 60 por ciento son delitos contra la propiedad como robos y hurtos, y el resto son de otro tipo". En esa línea, consideró que "estamos transitando un camino importante para solucionar los problemas de la gente y evitar males mayores, porque, más allá de la denuncia, la gente busca resolver sus conflictos".

Las causas graves

La disminución en el número de fiscalías no hizo otra cosa que agravar una situación que se venía denunciando desde distintos ámbitos ligados al Poder Judicial desde hace tiempo: "el colapso es total", reiteran unos y otros para concluir en que es imposible dar abasto. En esto no sólo hay que tener en cuenta la merma de fiscales. Hay que observar además que el grado de litigiosidad ha ido en aumento en los últimos tiempos y que en lugar de incrementarse el número de funcionarios, disminuyen.

En estos momentos está en trámite para la cobertura de un cargo condicional de agente fiscal en el Consejo de la Magistratura con sala examinadora a cargo de los doctores Enrique Marcelo Honores, Gerardo Rafael Salas, Gustavo Alberto Dutto y Jorge Luis Zunino con la actuación de los doctores Ricardo Borinsky y Fernando Mancini Hebeca, como académicos.

Pero mientras tanto y con un promedio de casos cada vez más elevado, es de prever que las viejas causas nunca resueltas hasta ahora sigan quedando como deudas pendientes para con la sociedad. Algunas de esas causas estaban en manos de Francisco Javier Tourné: por caso, las del crimen de Germán Esteban Navarro, de Andrea Trinchero o de Diego Gómez. Otras, como la del crimen de Ana Del Zotto de Massolo y el ataque a su hija Lety Massolo o la causa Araceli Saavedra II son instruidas por Viviana Beytía, que sigue de licencia.

El clima en el ministerio público no es de los mejores por estos días. Demasiados rumores que no se aclaran y un trabajo a destajo que agota a unos cuantos. Más la perspectiva de reestructuración desde la Fiscalía General que nadie sabe con certeza cuándo se concretará o, inclusive, si se llegará a hacer realidad a pesar de que es un secreto a voces que el malestar, el agotamiento y la escasez de recursos claman a gritos por un cambio.