Las elecciones presidenciales de agosto de este año corren riesgo. ¿Por qué me atrevo a pronosticar ese riesgo? Necesitamos entender que el Estado ha sido visto como una fuente de enriquecimiento individual, familiar y corporativo. La guía en el manejo del Estado ha sido la corrupción. El Estado construido ha sido un Estado-mafia. El Estado fue entendido como el Dorado: es nuestro tesoro y sólo nuestro. Nos tenemos, pues, que quedar 500 años. En 2006, parecía una interesante manera de anunciar que debían quedarse por largo tiempo con la intención de mejorar la vida de los humildes. Razonable, ciertamente. Sin embargo, hoy los humildes empiezan a retornar a la pobreza con incuestionable eficiencia. La oligarquía mafiosa se quedó con la riqueza.

A decir, del economista Joshua Bellot, quien ofrece esta sentencia precedido de datos que la avalan, “sólo un 5% de la población mejoró sus condiciones de vida”. Me parece que ese 5 por ciento, poco más de 500 mil bolivianos, es una cifra gigantesca. Quizás sea real, pero esconde lo fundamental: no más de 5.000 bolivianos se empoderaron económicamente.

He hecho esta introducción para decir lo que quiero decir y está fascinantemente explicado en la investigación de Sarah Chayes, “Los ladrones del Estado”. ¿Qué es lo que plantea? Una minoría delincuencial –no es casual que esa minoría congregue a mafiosos del narcotráfico–, genere violencia. Atormente al país con violencia y el mayor violento, asesino de los hermanos Andrade en 2002, termine de presidente adherido a un discurso de reivindicación de los defensores de ¡la hoja sagrada! ¿Qué es lo llamativo? La desactivación de la violencia se dio una vez que ese sector copó el Estado. Tomaron ese Estado democráticamente, logrando que esa violencia, como elemento vital de funcionamiento, sea canalizada institucionalmente. La violencia quedó entrampada bajo una sentencia decisiva: “ustedes guardan nuestra violencia, siempre y cuando nosotros podamos enriquecernos”.

Chayes ve que la violencia se detiene en el Estado, el Estado es un aglutinador de la violencia, cohesiona a los violentos, el Estado funciona para ellos y ellos pagan con creces. Por ende, se estableció un acuerdo de “estatización de los violentos”. ¿Es, pues, casual que en 2019 los violentos se hayan reagrupado y generado violencia en todo el país ocasionando, como evento remarcable, la masacre de Senkata? No, no lo es. Ante el fraude, diagnosticado como golpe, retornaron a las calles: se desestatizaron.

Retornemos a 2006: la violencia, pues, fue comprimida por el Estado. Ya con ese Estado tomado en 2006, se propició el nacimiento y desarrollo paulatino de esa mafia-narco. ¿Cómo? Establecieron un laissez faire de corte neoliberal posibilitando que el Estado fuera tomado subnacionalmente, de a poco, con beneficios clientelares descentralizados. Vale decir que ya en el poder los corruptos tejieron una red de corrupción central (por ejemplo, encargada de las empresas públicas) y diversas redes de corrupción descentralizadas: los cocaleros, contrabandistas, explotadores de la selva, etc.

Además, tuvieron autorización para apropiarse de las regiones del país. ¿Cómo? La policía y las fuerzas armadas fueron debidamente cooptadas. ¿Qué obtuvo gracias a “poseer” a los agentes del orden? Simple: logró que ya no entraran a esas zonas descentralizadas. Gigantescas regiones del país, como el Chapare o el Tipnis, ante la ausencia o debilidad militar y policial, fueron sometidas al dominio de esa mafia estatal hegemónica, posibilitando la “democratización” del régimen de corrupción instalado en 2006. Por ende, si una democracia, al asentarse, logra expandirse, sucede lo mismo con el régimen mafioso: al asentarse, se extiende. Se da una inmensa paradoja: la mafia democratiza su presencia logrando una suerte de “federalismo mafioso”.

¡Sí hay descentralización!, pero copada para satisfacción del Padrino: don Evo Morales, rodeado de sindicatos y federaciones bajo su pleno dominio en todo el territorio nacional. Gobiernan, pues, los violentos agazapados en su arenga revolucionaria y, para ellos, los honestos son un peligro: dicen la verdad.

Sin embargo, hoy Evo ya no es el presidente y los cocaleros ya no son gobierno. ¿Se quiebra el federalismo de mafia? No creo. Ya nos advertía Maquiavelo que los regímenes de control casi unipersonal son difíciles de vencer, pero una vez vencidos, o, mejor dicho, una vez vencido el padrino de turno –Evo Morales–, todo permanece relativamente igual. Es la misma cadena desprovista de cocaleros.

En todo caso, ¿se detiene el narcotráfico? Claro que no. Por ende, los sectores cocaleros leales, no serán leales por mucho tiempo. El negocio exige resoluciones rápidas y si Evo no está pues qué lástima. Lo propio sucede con cientos de funcionarios usualmente serviles a Evo y hoy cercanos al nuevo “dueño”. Vale decir, Arce no tiene a los cocaleros. Al menos no a los más leales. Aquello podría cambiar o ya lo viene haciendo. Sabemos que cerca de 3.000 personas incendiaron la Chiquitania apoderándose de más de 10 millones de hectáreas sólo en 2024. De la cifra total, al menos 2/3 son cocaleros, ergo: 2.000 personas. La lógica es contundente: “hermanito, ya lo estoy por ganar al Evo, pero mientras tanto, algunitos de ustedes llévense con todo cariño lo que puedan de la Chiquitania. Nos vamos a ir acomodando, ¿ya?”.

La estructura estatal mafiosa pervive. Está en transición. Una vez derrotado Morales se adscribirán al líder que esté dispuesto a mantener ese pacto de silencio que viene durando ya casi dos décadas. ¿Les importa que sea Evo? No, o tal vez un poco, pero lo que les importa es seguir la bonanza mafiosa que inauguró Morales y su ministro de economía.