La denuncia de Iván Simonovis, ex Comisionado de Seguridad venezolano, sobre el presunto secuestro del teniente Ronald Ojeda Moreno en Chile ha generado preocupación tanto en Chile como en la comunidad internacional. Ojeda Moreno, quien se encontraba exiliado en Chile luego de evadir la prisión en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, habría sido secuestrado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

Según Simonovis, los agentes de la DGCIM se habrían infiltrado en territorio chileno, aparentando ser funcionarios de inmigración, para llevar a cabo el secuestro del exiliado militar venezolano. Ojeda Moreno había obtenido asilo político en Chile a fines del año anterior, según registros de Radio Bío Bío.

La desaparición de Ojeda Moreno ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades chilenas, con Carabineros y la Policía de Investigación liderando la búsqueda mientras el Ministerio Público investiga el caso. El diputado Tomás de Rementería calificó el presunto secuestro como "gravísimo" y anunció que solicitará a las autoridades pertinentes que investiguen el involucramiento de agentes de inteligencia extranjeros en suelo chileno.

Presunto secuestro de militar venezolano exiliado en Chile: denuncia y acciones de las autoridades

Ojeda Moreno se manifestó públicamente en Santiago de Chile en noviembre de 2022, protestando contra el régimen de Maduro y exigiendo la liberación de presos políticos venezolanos. Su valiente postura lo habría convertido en objetivo de las autoridades venezolanas, según especulaciones de activistas de derechos humanos.

El caso de Ojeda Moreno se suma a las numerosas denuncias de abusos de derechos humanos perpetrados por organismos de seguridad del régimen de Maduro, incluyendo a la DGCIM, que ha sido objeto de investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional sigue atenta a estas violaciones, mientras organizaciones de derechos humanos continúan presionando por justicia y rendición de cuentas. La situación plantea interrogantes sobre la seguridad de los exiliados venezolanos y la capacidad de los regímenes autoritarios para perseguir a disidentes en el extranjero.