Traición a la Patria, un delito olvidado
Daniel Puertas
Es decir, el gobierno argentino considera que la legisladora puede estar trabajando en contra de los intereses de la Nación y en favor de un país que pretende socavar las bases de la democracia en la región.
Curiosamente, ese tramo del discurso presidencial en la última transmisión en cadena nacional no mereció espacio en los medios, ni oficialistas ni opositores. El tono coloquial con el que fueron formuladas las acusaciones tal vez haya disimulado su gravedad o, lo más probable, las particularidades de la historia argentina, con su larga serie de actos de sumisión a poderes extranjeros haya naturalizado actitudes que en otro país merecerían la calificación infamante de traición a la Patria.
De todos modos, la mandataria prefirió mencionarla como vocera del Partido Republicano y no directamente del Estado norteamericano. En general, los presidentes latinoamericanos siempre diferencian al demócrata Barack Obama de los republicanos que aspiran a sucederlo, aunque históricamente la política de relaciones exteriores norteamericana se mantuvo en una misma línea independientemente del partido que estuviera en el gobierno.
Las declaraciones de la diputada Elisa Carrió son ampliamente difundidas por los medios opositores porque siempre son contra el Gobierno y por los medios oficialistas, que en general las adjudican a presuntos desarreglos de orden psiquiátrico.
A esta altura de los acontecimientos son pocos quienes las toman en serio, aunque sus acciones consiguieron destrozar la alianza de orientación socialdemócrata que pretendieron armar con escasa fortuna radicales, socialistas y otras agrupaciones de izquierda de menores dimensiones.
Aunque pocos parezcan saberlo, el Código Penal argentino, como todos los del mundo, contempla en sus disposiciones el delito de traición a la Patria.
El artículo 214 establece que "será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro".
Puede interpretarse que ese artículo puede aplicarse cuando el Estado argentino se encuentre en guerra con otro país, pero el artículo 215 prevé en el primer apartado la misma pena para aquellos que ejecutaren "un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad".
Como ocurre siempre, se puede discutir mucho acerca de que significa, por ejemplo, "someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero" o "menoscabar su independencia o integridad". Como también ocurre siempre, la posibilidad de aplicación de cualquier ley depende del poder que se tenga.
Tranquilamente puede considerarse que aceptar que la deuda soberana del país quede bajo las leyes de una potencia extranjera menoscaba la independencia o integridad de la Nación, pero todos los gobiernos que negociaron la deuda, incluyendo el de Néstor Kirchner debieron aceptar esa imposición por parte de los acreedores. Relaciones de poder, que le dicen.
Los avatares del ataque de los fondos buitre contra el país son los que dieron más pie a que se hablara de presuntas traiciones a la Patria. Incluso una nota publicada en el matutino porteño Página 12, escrita por el ex director ejecutivo de la DAIA Jorge Elbaum llevó a la apertura de una causa por ese supuesto delito que involucraría a dirigentes de las organizaciones judías, legisladores e intelectuales.
El artículo, que también fue citado por la Presidenta en su cuenta de Twitter, llevó a que el abogado Juan Gabriel Labaké presentara una denuncia a la que el fiscal Carlos Stornelli le dio curso.
Elbaum denunciaba en su nota que en marzo de 2013 el fiscal Alberto Nisman se reunió con dirigentes de la AMIA y la DAIA para transmitirles que Paul Singer, líder de los buitres, podía aportar su granito de arena para derribar el acuerdo de la Argentina con Irán plasmado en ese Memorándum que nunca se cumplió.
En su presentación, Labaké acusó a dirigentes judíos, a las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, al escritor Marcos Aguinis, al intelectual Santiago Kovadloff, al constitucionalista Daniel Sabsay y al propio Paul Singer.
Stornelli le pidió al juez federal Julián Ercolini que citara a Labaké y abriera la investigación.
Habrá que ver en qué termina.
Hasta ahora no hubo noticias de que Labaké o algún otro haya decidido que se impone una investigación penal para establecer si la diputada Carrió incurrió en este delito, aunque podría ocurrir que un fiscal actuara de oficio.
De cualquier modo, aunque en los últimos años hubo algunas denuncias por supuestas traiciones a la Patria, jamás hubo ningún condenado.
