El Gobierno argentino ha tomado la decisión de intimar a la Confederación General del Trabajo (CGT), en particular al Sindicato de Camioneros, a que pague la suma de $40 millones de pesos por los gastos generados durante el operativo de seguridad desplegado durante la protesta que tuvo lugar el 27 de diciembre en Tribunales, en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Javier Milei.

La factura fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, y se basa en un análisis exhaustivo que determinó que ese fue el costo total que el Estado destinó para mantener el orden público durante la manifestación. Además, se identificaron las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tráfico vehicular durante la protesta.

Entre las organizaciones mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica y CTA Autónoma.

La carta de documento enviada establece: "En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente", según se informó en medios.

Este monto corresponde a los costos operativos en los que incurrió el Estado para poner fin a las acciones ilegítimas y garantizar el mantenimiento del orden público durante la protesta. La carta de documento advierte que, en caso de no cumplir con el pago, se tomarán las acciones legales correspondientes.

Desde la CGT, se cree que esta intimación se extenderá a todas las organizaciones mencionadas en el documento, lo que plantea incertidumbres sobre cuánto deberá pagar cada una o si el monto total será la suma de las contribuciones individuales.

Esta multa forma parte del nuevo Protocolo Antipiquetes, que establece que quienes corten calles serán responsables de cubrir los costos del operativo de seguridad en su totalidad. Patricia Bullrich había anunciado esta iniciativa al asumir el cargo, advirtiendo que habría consecuencias para quienes motivaran la movilización de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones.

En la misma línea, se mencionó la creación de un registro de las organizaciones presentes en este tipo de eventos y de aquellos que actúan como voceros habituales de estas manifestaciones, con el objetivo de identificar a los responsables y hacer que asuman los costos de los operativos de seguridad.