En enero de 1994, un trágico incidente ocurrió en la zona sur del partido bonaerense de Avellaneda, conocido como la "Masacre de Wilde". Un grupo de policías vestidos de civil, pertenecientes a la Brigada de Lanús, abrió fuego contra dos vehículos sin previo aviso, causando la muerte de cuatro personas inocentes. Este incidente se ha caracterizado como un caso de "gatillo fácil", y a pesar de que siete policías fueron condenados en diciembre de 2022, la herida de esta tragedia sigue abierta.

La secuencia de eventos comenzó cuando un grupo de policías en cinco autos sin identificación afirmó estar realizando labores de prevención de robos y hurtos. Sin embargo, nunca le dieron la voz de alto al vehículo en el que se encontraban Norberto Corbo, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban en un Peugeot 505 gris oscuro. Los policías tenían información errónea de que en ese vehículo se encontraban delincuentes armados, aunque no coincidía con la descripción real.

La persecución se inició en la avenida Mitre, a la altura del Parque Domínico, y los civiles a bordo del Peugeot intentaron escapar al no entender por qué los seguían. Sin embargo, los policías abrieron fuego de manera indiscriminada, causando estragos en el vehículo. Simultáneamente, apareció otro vehículo, un Dodge 1500 amarillo ocupado por el librero Edgardo Cicutín y Claudio Díaz. A pesar de que no coincidía con la descripción del vehículo buscado, también se convirtió en blanco de los disparos.

El resultado de esta acción fue devastador. Los dos vehículos quedaron llenos de agujeros de bala, y se estima que se realizaron un total de 239 disparos, utilizando pistolas y al menos un subfusil Uzi. Las pericias balísticas revelaron que las víctimas no llevaban armas de fuego y que algunos de los disparos se realizaron cuando las víctimas ya estaban fuera de los vehículos.

A pesar de los intentos de los policías por confundir pruebas, la jueza original del caso, Silvia Susana González, procesó a 11 de ellos y los detuvo. Sin embargo, la causa se estancó y los policías fueron sobreseídos y liberados tras la intervención de una nueva jueza. Solo uno de los policías, el cabo Marcos Rodríguez, quedó bajo investigación como el presunto tirador de la masacre.

La causa permaneció inactiva hasta 2013, cuando la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires determinó que los policías no habían actuado en defensa propia, sino que habían salido a matar civiles. Finalmente, en diciembre de 2022, siete expolicías bonaerenses fueron condenados a 25 años de prisión por su participación en la masacre. Sin embargo, siguen en libertad mientras el Tribunal de Casación define si la sentencia se mantiene firme o si se aceptan los recursos presentados por las partes.