Francia impide la subasta del Balón de Oro de Maradona y ordena su confiscación
El Tribunal de Apelación de Versalles prohibió la venta del Balón de Oro que Diego Maradona ganó en el Mundial de 1986, ordenando su incautación mientras se resuelve la disputa sobre su propiedad.
La justicia francesa prohibió este miércoles la venta del Balón de Oro del Mundial de 1986 que ganó Diego Armando Maradona y ordenó su incautación hasta que se resuelva la investigación sobre lo sucedido con el trofeo.
El Tribunal de Apelación de Versalles decidió confiscar el trofeo y otorgó un plazo de tres meses a los herederos de Maradona para que presenten su caso. El problema central que debe resolver la justicia francesa es determinar a quién pertenece el trofeo que le otorgaron a Maradona en 1986.
El Balón de Oro desapareció tras un robo al Banco de la Provincia de Nápoles en 1989, donde Maradona lo mantenía guardado en una caja de seguridad, de acuerdo con el abogado de los herederos. Una de las pruebas presentadas por la defensa de los hijos del astro fue una nota del diario La Stampa del 28 de octubre de 1989, que hacía referencia al robo de las cajas de seguridad del banco, donde supuestamente estaba el trofeo.
El coleccionista francés Abdelhamid Benchaieb, actual propietario, alega que adquirió el trofeo en un lote cerrado en una subasta pública en 2016 y que no tenía conocimiento de qué se trataba. Esto, argumenta, demuestra su buena fe, un factor crucial en la ley francesa para dictaminar la propiedad de un objeto robado.
La justicia francesa estipula un plazo de tres años para que la parte damnificada formule un reclamo. Este es uno de los puntos en los que se basa la nueva decisión para prohibir la venta, considerando que el actual propietario no provee pruebas suficientes que demuestren la adquisición del trofeo en el lote de 2016.
El Tribunal también ordenó el embargo del trofeo “para evitar cualquier riesgo de una desaparición”. Esta medida solo se mantendrá si los hijos de Maradona presentan un reclamo legal en el plazo de tres meses dictados por la Corte. En caso contrario, tanto la medida de secuestro como la prohibición de venta quedarán sin efecto.