En un desarrollo reciente, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fernández y varios ex funcionarios por presuntos aumentos desproporcionados en las pensiones por invalidez durante su mandato, de 2020 a 2023. La denuncia, que también incluye a ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, apunta a un incremento significativo y sospechoso en la cantidad de pensiones otorgadas, presuntamente utilizado como herramienta de favores políticos.

Marijuán acusa a Alberto Fernández, junto con Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, ex directores ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, y Paula Martínez, ex directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, de implementar decretos y resoluciones que flexibilizaron los criterios de otorgamiento de pensiones. Entre 2020 y 2023, se otorgaron cerca de 400 mil nuevos beneficios, lo que representa un aumento del 1500% en comparación con años anteriores.

Una de las normativas clave en esta denuncia es la resolución 8/2020, que permitió iniciar el trámite para acceder al beneficio sin la presentación del Certificado Médico Oficial y eliminó los límites máximos para la propiedad y el valor de los automóviles de los solicitantes. Además, la resolución 134/2020 eximió a menores de 18 años de la evaluación por la Coordinación de Fiscalización Médica.

El decreto 7/2023 y la resolución 70/2023 permitieron que personas sin empleo formal, pero con vulnerabilidad social, accedieran a las prestaciones sin el requisito de un 76% de incapacidad laboral. En noviembre de 2023, el decreto 566/2023 permitió que las personas con discapacidad trabajaran y recibieran la pensión simultáneamente.

La denuncia también incluye el uso de operativos de alta masiva de pensiones en provincias gobernadas por el peronismo, beneficiando particularmente a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y Buenos Aires. En provincias no aliadas políticamente, como Corrientes, se habrían coordinado planes con intendentes locales.

Marijuán señala que estas acciones no solo incrementaron el número de pensiones otorgadas, sino que también se encontraron irregularidades graves, como certificados acompañados de radiografías de animales o documentos inapropiados presentados como estudios médicos.

El fiscal Marijuán concluye que estas modificaciones normativas y el otorgamiento masivo de beneficios no fueron solo un acto de política social, sino una manipulación sistemática para ganar popularidad y apoyo político, causando un perjuicio significativo a la administración pública.