Un grupo de diputados del PRO, encabezado por Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal (Ley N° 27.642), vigente desde 2021. Esta norma obliga a los alimentos envasados a incluir etiquetas en forma de octógonos negros que advierten sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Críticas a la ley

En un video publicado en X, Bongiovanni calificó la norma como una medida "excesivamente paternalista" y aseguró que "no informa de manera útil al consumidor". "Si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota", expresó el diputado.

Según los legisladores, la ley genera confusión y dificulta el comercio internacional de productos argentinos al imponer requisitos que, consideran, no contribuyen al objetivo de informar al consumidor.

Justificaciones del proyecto

El texto del proyecto propone regresar al marco normativo del Código Alimentario Argentino, que ya regula el rotulado y comercialización de alimentos. En su exposición, los diputados sostienen que la normativa actual "entorpece las operaciones de exportadores e importadores" y afecta a los productores nacionales.

Además, argumentan que la derogación de la ley no tendrá impacto fiscal ni requerirá financiamiento adicional, beneficiando tanto a productores como a consumidores.

La Ley de Etiquetado Frontal

La norma, sancionada en 2021, tiene como objetivo principal prevenir la malnutrición y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y la diabetes. Las etiquetas de advertencia buscan informar al consumidor de manera sencilla sobre los componentes críticos en los alimentos.

Sin embargo, el proyecto del PRO plantea que estos objetivos podrían cumplirse de manera más efectiva a través de herramientas ya incluidas en la legislación vigente.

Debate abierto

La propuesta de derogación reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de la salud pública y la libertad de mercado. Mientras algunos sectores defienden la utilidad de las etiquetas para promover elecciones alimentarias más saludables, otros, como los impulsores del proyecto, consideran que estas medidas son intervencionistas y poco efectivas.