El doctor Martín Capelli estuvo a cargo del organismo hasta el 9 de diciembre, cumplió funciones en el Servicio Local, del cual también fue titular. En la Defensoría asumió el jueves 1º de marzo del año 2018.

El abogado había cumplido funciones en el Servicio Local, donde también fue titular.

En su momento la designación de Capelli llegó desde la sede del organismo estatal en La Plata, a cargo de Guido Lorenzino, en el marco de un proceso de descentralización de las acciones, para lo cual se crearon distintas delegaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria fue una "grata sorpresa" por lo cual "tardé muy poco" en aceptar el cargo, admitió en aquella oportunidad el abogado, que tomó como un gran desafío el objetivo de "dar respuestas" a los ciudadanos de Olavarría como a personas que estén en tránsito "y sientan que sus derechos están siendo vulnerados o afectados por instituciones, organismos o fuerzas de seguridad".

Consultado sobre su perfil de trabajo, se mostró contundente y dio fuerza al "compromiso social" para lograr que el servicio sea "lo más accesible posible" buscando desbucrotizar el organismo y así canalizar los reclamos de la comunidad, cuyas personas ya llegan desgastadas en busca de prontas soluciones.

Capelli es abogado dedicado al ámbito de familia, integró la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género. Fue letrado del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño durante la gestión eseverrista y titular del área durante el gobierno de Ezequiel Galli, de marzo de 2014 a febrero 2016.

Pero no fue el único titular que tuvo la dependencia. Inicialmente la oficina estuvo a cargo del doctor Franco Montanucci desde su creación, el 12 de octubre de 2017, y presentó su renuncia el 20 de diciembre. Fue reemplazado casi 3 meses después.

Ahora se presenta una situación similar dado que, según pudo cotejar este Diario, las definiciones llegarían en el segundo mes del 2020.

"Cercanía con el vecino"

Durante un año y medio Capelli estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo de Olavarría y EL POPULAR pudo saber que el mismo 9 de diciembre le comunicaron que dejaría su cargo. "Hice una gestión cerca del vecino, escuchado las problemáticas, estableciendo un vínculo de cercanía para hacer más accesible la vinculación con el Estado. Para mí fue una experiencia enriquecedora desde lo humano y lo profesional", destacó ese día Martín Capelli, en diálogo con EL POPULAR Medios.

Su balance fue positivo en términos de servicio pero no a nivel social ya que "fue un año muy particular, caracterizado por recortes y ajustes por parte de los gobiernos Nacional y Provincial que se vieron impactados en la Delegación".

"Hubo un empobrecimiento y no únicamente en términos económicos sino en el acceso a derechos, le dijo a EL POPULAR Medios el último día de su gestión.

En síntesis, en la Defensoría "se vio el fracaso rotundo de las políticas económicas y sociales aplicadas por el gobierno nacional y provincial que agudizaron la situación que venía dando, a los sectores más desprotegidos y vulnerables: jubilados, niños y niñas, personas con discapacidad y de clase baja y media baja. No fueron los únicos. También la clase media se empobreció y no únicamente en términos económicos sino un empobrecimiento de acceso a derechos", sentenció el doctor Capelli.

A su entender, lo preocupante es que "la clase media dejo de acceder a ciertos bienes y servicios a los que históricamente había accedido, por lo menos en los últimos años. Y hubo un aumento brutal del 56,81% de la canasta básica, que es acceder a los alimentos" cuando "los sueldos en ningún caso tuvieron ese porcentaje de aumento".

Por lo tanto, el impacto del encarecimiento del costo de vida fue aún mayor con "la suba del transporte, la suba del alquiler, los créditos hipotecarios, los prendarios, el aumento de la nafta, el acceso a la educación, a la ropa, que hizo que la clase media y media baja se haya perjudicado notoriamente y se vean los efectos que estamos padeciendo", concluyó.

Y destacó también que su paso por el organismo se caracterizó por la "cercanía con el vecino, escuchando y atendiendo problemáticas de todas y de todos".

Asimismo, planteó que la dependencia ha sido caja de resonancia en un año atravesado por los recortes y ajustes en medicamentos, ayuda social, acceso a derechos, créditos UVA desmedidos, Precios Esenciales a medias y una canasta básica de casi el 57%.

Los interesados en contactarse con la delegación Olavarría de la Defensoría del Pueblo, obtener información o realizar denuncias puede llamar a la línea gratuita 0800 222 5262, a los teléfonos fijos 2284-423362 y 423377, dirigirse a la web www.defensorba.org.ar o vía WhatsApp al 0221 3581323.

Preguntas más frecuentes

¿Qué temas se pueden reclamar?

En la Defensoría del Pueblo se canalizan y atienden consultas o denuncias vinculadas con: discriminación y/o maltrato por parte de instituciones estatales o entes privados, hacia vos u otras personas; cualquier tipo de inconveniente en materia de salud pública; violencia de género; maltrato por parte de personal de fuerzas de seguridad; traslados injustificados de personas privadas de la libertad; salud mental; derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; situaciones de violencia y/u hostigamiento en el ámbito escolar; migrantes; acceso a jubilaciones; tramitación de DNI, Pasaporte y documentación de cualquier tipo; consultas por la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD); denegación de tratamientos de fertilización asistida; quejas contra obras sociales y prepagas; mediación comunitaria; problemas en la prestación de los servicios de gas, energía eléctrica y agua corriente; inconvenientes en el servicio de telefonía móvil; mal funcionamiento del transporte público; errores en la aplicación de multas de tránsito; estado de rutas; basurales a cielo abierto; mal funcionamiento del sistema de recolección de residuos y contaminación de cuencas y arroyos.

¿Cuál es el procedimiento de actuación del Defensor del Pueblo?

El Defensor del Pueblo puede solicitar informes e iniciar investigaciones sobre cualquier vulneración de derechos ocasionados por actos, hechos u omisiones de los órganos del Estado o empresas privadas que presten servicios. Promoverá su buen funcionamiento y eficiencia formulando recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias. A su vez, está facultado para solicitar la presencia de los/las presuntos/as responsables o culpables. En última instancia, si se le negara información o colaboración para la resolución del conflicto, puede solicitar la intervención de la Justicia. También elabora, ejecuta y supervisa programas para la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos.

¿Quiénes pueden denunciar?

Todas las personas que habiten o se encuentren en tránsito en la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea su condición social, sexo o edad, que se sientan afectadas por actos abusivos, arbitrarios, injustos, discriminatorios, irregulares, negligentes o de mala administración pública o privada.

¿A través de qué medios se puede presentar la queja?

Telefónicamente, a línea gratuita del Defensor del Pueblo: 0800 222 5262; vía web, a través del formulario de contacto; personalmente, en cualquier sede de la Defensoría del Pueblo, incluyendo las Casas de Derechos.

¿Qué se necesita para presentar mi queja?

Cualquier documento que acredite identidad, como Documento nacional de Identidad, cédula o pasaporte. Firma del interesado/a, con indicación de su nombre, apellido y domicilio. Aquellos/as que hagan su denuncia vía e-mail, carta o teléfono, deberán revalidarla con su firma, presentándose en las sedes habilitadas por la Defensoría. Como plazo máximo, se aceptarán denuncias de hechos ocurridos un año calendario atrás.

¿El denunciante puede preservar su identidad al presentar una queja?

Sí. El Defensor del Pueblo tiene cláusulas de confidencialidad por lo que las denuncias privadas no trascienden a la opinión pública. La ley prevé, para casos excepcionales, que el Defensor acepte denuncias con reserva de identidad para contener a aquellas personas que tienen motivos fundados para no hacer pública su presentación. Fuente: www.defensorba.org.ar

Función específica

La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los derechos de los y las habitantes de la Provincia de Buenos Aires, así como de quienes estén en tránsito por su territorio, incluyendo los de carácter cívico, político, social, económico y cultural.

También garantiza que las instituciones y los y las funcionarios de la administración provincial cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; supervisa que las empresas de servicios públicos y privados brinden los servicios de manera adecuada y atiende las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente, falta de respuesta a reclamos efectuados, mala prestación, atención o trato, insuficiencia de información, o ineficacia de servicios.

Es un órgano de garantía incluido en la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, mediante su artículo 55.

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es Guido Lorenzino, que asumió en enero de 2017 y tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones.

Además, supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la provincia o sus empresas concesionarias. Tendrá plena autonomía funcional y política y durará cinco años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Es nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley especial regula su organización y funcionamiento.

Entre sus competencias se incluyen tanto las acciones preventivas como las reparadoras. Entre las primeras, tiene la atribución de investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto la colaboración de los órganos del poder político.

En lo concerniente a las segundas, puede hacer uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades, aunque su rol primordial es el de colaborador crítico y no de litigante, pues la Defensoría tiende, precisamente, a evitar los costos y las dilaciones que suponen los procesos judiciales.

El Defensor del Pueblo busca, en todos los casos, agilizar, transparentar y desburocratizar los trámites.