La resolución, que ya fue comunicada a la Dirección General de Escuelas, dice puntualmente: "Para los casos de amenazas de explosivos a establecimientos escolares de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional, la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar. Y sólo si estos encuentran algún objeto que sea necesario explorar, se realizará un perímetro a sus alrededores o se evacuará el edificio, según ellos dictaminen".

El fallo llega en medio de los reclamos de la comunidad frente al rebrote de las amenazas de bomba. El jueves, el Normal 1 volvió a padecer esa situación y un grupo de padres advirtió a través de WhatsApp que, de persistir la situación, realizarán un piquete para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

En tanto, frente a la escuela 41 de La Granja apareció un reclamo en una pizarra. Allí, se detallan los días de la semana en los que se tuvieron lugar los llamados intimidatorios. El cartel además expresa un pedido que se replica en toda la región que es "basta de bombas".

En Olavarría, estas situaciones no constituyen un problema. "Afortunadamente -aseguró en julio último la inspectora jefe distrital de Educación-, en Olavarría nunca se puso en práctica" el protocolo diseñado por las autoridades provinciales ante los casos de amenazas de bomba en escuelas, aplicable también a otras situaciones de conflicto. Y nuestra ciudad permanece ajena a la ola de amenazas en escuelas que afecta a La Plata y otras ciudades bonaerenses. "No hemos tenido inconvenientes y la verdad es que se trabaja muy responsablemente", había confiado la máxima referente educativa de la ciudad al ser consultada sobre el particular.

Para cuestiones de esta naturaleza,se dispone de un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto en las escuelas, que la Provincia de Buenos Aires lanzó en 2017. En general, ese protocolo proporciona a las autoridades educativas una guía respecto de cómo comunicar y denunciar esa circunstancia.