La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, lanzó una seria advertencia sobre el reciente contrato firmado entre el gobierno boliviano y la firma Hong Kong CBC Investment Limited, al señalar que se trataría de una “empresa fantasma”. Según Campero, esta compañía no existe en los términos que el gobierno ha presentado, lo que pone en riesgo la seguridad económica del país.

“No existe la empresa mayoritaria de la CBC que hoy está firmando un contrato con los bolivianos. Esto es gravísimo porque se trata de un contrato con una empresa fantasma. Por ende, el tratamiento de este contrato en la Cámara de Diputados no debería continuar”, afirmó la diputada.

Campero explicó que Hong Kong CBC Investment Limited está supuestamente conformada por dos compañías chinas: Hong Kong Bramp & Castle y otra entidad cuya identidad no está claramente registrada en bases internacionales. Según la legisladora, Hong Kong Bramp & Castle tiene una participación mínima, con acciones valoradas en apenas 6.600 dólares, lo que a su juicio demuestra una evidente falta de respaldo y seriedad empresarial.

Por su parte, la segunda empresa asociada estaría vinculada al sector de baterías de sodio y litio, con antecedentes de operar en países como Indonesia y el Congo. Campero alertó que esta empresa ha sido investigada por presuntas prácticas de corrupción en otras partes del mundo, especialmente en el Congo, donde contratos similares derivaron en un desvío de millones de dólares en perjuicio del Estado.

“El modelo es claro: se asocian con gobiernos, firman contratos para exportar el recurso a China y producen baterías allá, dejando a los países de origen con pérdidas significativas y posibles escándalos de corrupción”, explicó la diputada, subrayando las implicaciones económicas y legales de esta alianza.

Campero hizo un llamado urgente a suspender el tratamiento del contrato en la Cámara de Diputados hasta que se aclare la situación legal y financiera de las empresas involucradas. “Estamos frente a un caso sumamente delicado que podría generar un daño irreparable a la economía del país”,concluyó.

El caso pone en el centro del debate público la transparencia de los acuerdos relacionados con la explotación del litio, uno de los recursos más estratégicos para Bolivia y clave en el desarrollo de tecnologías energéticas a nivel global.