La gestión 2024 finalizó con una inflación acumulada del 9,97%, marcando el aumento más alto en 16 años así como un déficit fiscal que superó el 10% del Producto Interno Bruto.

Hace algunos días, varios sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana COB se reunieron para analizar y debatir el pliego petitorio de esta gestión, en los cuales se manifiesta como punto central la propuesta de incremento salarial. 

La Organización Internacional del Trabajo - OIT, dispone que esta medida nacional debe ser establecida por un análisis completo tripartito entre gobierno, trabajadores y empresarios. En reiteradas oportunidades, los empresarios ya plantearon al Gobierno que el aumento salarial sea, por lo menos, regionalizado, y tomando en cuenta la productividad. Es por eso, que este trabajo conjunto es vital para establecer políticas y normas que beneficien a todos.

El año pasado, el Gobierno, en coordinación con la Central Obrera Boliviana, dispuso un aumento al salario mínimo nacional de 5,85% y al haber básico de 3%, cuando la inflación del 2023 fue de 2,12%.

El incremento salarial dispuesto para el año 2024 dispuso que las empresas estatales aplicaran el aumento de acuerdo a sus estados financieros, por lo que muchas no dieron este aumento. Sin embargo, el sector privado no tuvo este tratamiento a pesar de los desafíos actuales y coyunturales de nuestra economía nacional. 

En el tema del aumento salarial no solo se debe tomar en cuenta la inflación que registró el país. Las autoridades y los trabajadores deben analizar aspectos como el crecimiento de la economía en la gestión pasada (1.4%), que representa solo la mitad de la prevista por el Gobierno, la escasez de dólares que se traduce en que el mercado paralelo ofrece esta divisa en casi el doble del precio oficial y otros problemas que dificultan la producción y reducen la competitividad de las empresas. Se debe mencionar que durante la pasada gestión, el crecimiento de nuestra economía se ralentizó debido a los bloqueos en las carreteras y el difícil abastecimiento de gasolina y diésel durante meses. 

Según el informe de 2023 del Observatorio Nacional del Trabajo ONT, al tercer trimestre de 2023, el 80,8% de lostrabajadores bolivianos se encontraban en la informalidad, una cifra alarmante comparada con el promedio regional de 48%. La situación es aún más grave entre las mujeres, con un 83% de ellas empleadas en la economía informal, frente al 78% de los hombres, las tasas más altas de la región, lo que representa una brecha de participación y desigualdad de género en el acceso al empleo.

Para Fernando Romero, analista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, uno de los problemas centrales que agrava la situación es la falta de colaboración entre el sector público y privado para implementar leyes que promuevan el empleo formal, a lo que se añade la elevada presión tributaria. Un empresario en Bolivia enfrenta una carga tributaria muy alta, pues de cada 100 dólares que genera de utilidad bruta, el 85% es destinado a impuestos establecidos por el Gobierno Nacional.

Otro factor que desanima a los empresarios a crear empleos formales lo constituyen las desfavorables leyes laborales que generan una pirámide invertida en la que solo un pequeño grupo de personas paga impuestos, mientras que la mayoría trabaja informalmente sin contribuir al sistema fiscal.

Un documento del BID, elaborado por Manuel Urquidi, Horacio Valencia y Guillaume Durand, publicado en años anteriores remarca que, en los últimos años, el gobierno boliviano puso en vigencia una de las medidas más controversiales y que ha afectado al mercado laboral urbano: el incremento del salario mínimo, que pasó de Bs440 ($us 63) en 2005 a Bs2.060 ($us 298) en 2018. 

Este documento estudia el impacto del incremento del salario mínimo sobre el ingreso, empleo y formalidad en Bolivia y sostiene que el incremento del salario mínimo debería reducir la pobreza e incrementar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, porque mayores ingresos permiten un incremento en el gasto de las familias y consecuentemente en su bienestar. Pero, en un contexto donde una gran proporción de las personas trabaja en el sector informal, se puede argumentar que el salario mínimo contribuye a mejorar únicamente las condiciones de los trabajadores en el sector formal, sin considerar beneficios para los trabajadores del sector informal.

Al analizar el presente artículo, percibimos que de acuerdo al incremento salarial, éste va a influir en las futuras contrataciones así como el despido de personal por parte del sector empresarial para el presente año. 

Es por eso, que los empresarios expresamos nuestra predisposición para analizar esta realidad conjuntamente con el Gobierno y trabajadores, pensando en el bienestarde nuestra economía nacional. Una mesa de trabajo tripartita podrá abordar de manera integral la postura de los tres actores económicos, instrumentando políticas salariales que garanticen un salario digno, fundamental para el desarrollo económico y social así como para reducir la pobreza y desigualdad.