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Poco antes del mediodía las secretarías de Derechos Humanos de Provincia y Nación se presentarán como querellantes contra Loma Negra ante el Juzgado Federal de Azul. El documento lleva las firmas de Guido Carlotto, como titular del área a nivel provincial y Juan Martín Fresneda, por Nación. Y lo hacen en el marco de la causa caratulada "Ignacio Aníbal Verdura, Loma Negra S.A. y otros sobre privación ilegal de la libertad", referida a la desaparición y posterior homicidio del abogado olavarriense Carlos Alberto Moreno. En los próximos días se sumarán también los hijos y la esposa de Moreno: Matías y Martín, por un lado, acompañados por su madre, Susana Lofeudo, con la representación del abogado Martín Dambolena. La fecha para la presentación no es casual. Justamente hoy se cumplen 38 años desde que Carlos Alberto Moreno fue secuestrado en un Renault 12 de color naranja en la esquina misma de su casa/estudio, ubicada en Lamadrid y Dorrego. De hecho, sobre la vereda fue instalado a modo de homenaje el baldosón que lo recuerda como víctima del terrorismo de Estado.

La raíz de esta presentación arrancó el mismo 16 de marzo de 2012 cuando los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra no sólo condenaron a tres militares sino que al condenar a los hermanos Julio y Emilio Méndez, abrieron una línea hasta entonces inédita: las responsabilidades civiles. Pero a su vez ordenaron impulsar una investigación sobre el consejo directivo de la cementera Loma Negra. Dentro de esta línea es que la Ofinec (Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero) produjo un año atrás –con la contadora Judith König a la cabeza- un exhaustivo informe a partir de los balances contables de la firma. Y con los entrecruces de datos, ingresos, egresos, ganancias, pérdidas, se pudo concluir que después del secuestro del abogado de los trabajadores cementeros, la firma Loma Negra obtuvo una disminución en los costos laborales, una abrupta baja en los montos destinados a juicios laborales y un aumento en la rentabilidad de la cementera, tal como se publicó en estas páginas en la edición del 30 de mayo de 2014.

El informe firmado por König se elaboró en base a 118 libros: Libros Diarios Generales, Libros Inventarios detallados, Actas de Directorio, Actas de Asamblea, Registro de Accionistas y Registro de Asistencia a Asambleas. Todos correspondientes al período entre 1975 y 1983. Y allí se argumentaba que la empresa liderada por Amalia Lacroze de Fortabat "pasó de soportar pérdidas por más de 100 millones de pesos a obtener ganancias que se incrementan a lo largo del período, logrando un pico máximo de casi 150 millones de pesos durante el ejercicio contable que cerró el día 31 de marzo de 1981".

Ahora estos datos y otros elementos de enorme peso judicial serán utilizados para profundizar la investigación desde el rol de querellantes hacia "un grupo de civiles pertenecientes a la empresa Loma Negra" que se habrían visto beneficiados económicamente por las consecuencias del plan criminal de la última dictadura cívico-militar. Esta investigación que ya está en curso desde hace tres años será ahora profundizada a través de los aportes que podrán realizar los querellantes. "En principio va a significar acompañar lo que determinó el tribunal criminal 1 en la sentencia, con la condena a los autores materiales pero también en la búsqueda de indagar sobre las autorías intelectuales. Y en ese camino ordena investigar al directorio de Loma Negra. Al presentarnos como querellantes lo que buscamos es ser partícipes de la instrucción porque las pruebas que se recolectaron en estos tres años refuerzan la sospecha de complicidad de la empresa Loma Negra no sólo tras el asesinato de mi padre sino también en la persecución y el secuestro de algunos trabajadores de esta fábrica y de otras", dijo Matías Moreno, el mayor de los hijos del abogado asesinado. Loma Negra –agregó- aumentó su "tasa de ganancias" y "eso es clarísimo. Quedó demostrado a través de los libros contables".

En ese sentido, una de las claves se fue planteando a través de los últimos años en que se comenzó a definir a la última dictadura como "coalición cívico-militar". En un tramo de la presentación que se hará este mediodía en Azul se alude a ese costado al definir que se apuntaba a "disciplinar a la clase trabajadora a través del plan económico de Martínez de Hoz que producía una apertura comercial al mundo, destruyendo las fábricas nacionales donde se organizaba la clase obrera, así como llevando a cabo una reducción de los derechos y de los ingresos de los trabajadores. Todo esto enlazado a un plan sistemático de exterminio a la ‘subversión’, concepto que abarca a: dirigentes sindicales, universitarios, intelectuales y activistas políticos/ sociales. A ellos fue que la dictadura les aplicó la tortura, el secuestro, la desaparición y muerte, muchas de las veces a solicitud o a favor de los poderes económicos".

Hacia 1976, Carlos Alberto Moreno representaba a los trabajadores mineros e impulsaba demandas millonarias contra Loma Negra por los repetidos casos de silicosis entre obreros de la embolsadora.

La causa está en manos del juez Martín Bava, a cargo del Tribunal Federal de Azul y la instrucción, en las del fiscal Walter Romero. "Tendemos a profundizar la exigencia de seguir investigando las complicidades de los actores civiles. Este año hemos tenido algunos reveses judiciales en causas emblema como Papel Prensa, Ledesma, Nueva Provincia, Mercedes Benz, Ford pero es necesario además de las autorías materiales profundizar la investigación sobre los verdaderos responsables en idear el sistema nacional de represión", explicó Matías Moreno, quien además de ser el hijo del abogado laboralista asesinado, es el coordinador del Programa Investigación y Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.