El abogado Martín Capelli, al frente de la Defensoría del Pueblo en nuestra ciudad, contó sobre el rol de la institución frente a las consultas por maltrato animal y los pasos a seguir para hacer efectiva una ley que data de 195. "Es una toma de conciencia de lo que implica, tener un animal y empieza a correrlo del lugar de ''cosa'' para empezar a entenderlo como un sujeto de derechos. Y sobre todo porque (el caso Chocolate) hizo efectiva una ley que hace mucho tiempo que está, que es la Ley 14.346 que habla sobre el maltrato animal. Se materializó y se llegó hasta el final del juicio, se puso, una pena". 

Los animales son sujeto de derecho, ya lo había dicho Lucas Moyano, junto a la Declaración de los Derechos de los Animales. El maltrato animal es un delito sancionado por el Código Penal a través de la ley 14.346, que prevé penas de 15 días a un año de cárcel, que -como todas las de menos de tres años- son excarcelables si el condenado no tiene antecedentes. En el caso de Chocolate -el perro que fue despellejado en Córdoba- la pena aplicada fue de un año de prisión condicional más trabajos comunitarios, la máxima posible. 

Entidades protectoras de animales vienen reclamando desde hace varios años que el Congreso modifique la ley 14.346. En general, piden multas altas y prisión de hasta cuatro años, para que los casos de mayor crueldad sean penados con prisión efectiva. Abogados expertos en Derecho Animal plantean que la ley de 1954 es obsoleta. Entre los déficits, marcan que no hace punible el abandono, no alude a la situación de los zoológicos, no castiga la tenencia irresponsable y no regula los criaderos clandestinos.

El Caso Chocolate "es histórico porque no se conocían penas en casos anteriores, ni que hayan llegado a un juicio hasta el final" afirmó Capelli. 


Hemos tenido consultas, algunas concretas de maltrato animal y principalmente cuando se dieron los episodios masivos de perros envenenados, también. 

Lo importante acá es que la gente tomé conciencia y que entiendan que hay que denunciar. Los organismos para denunciar son la Comisaría Local o Fiscalía. Una vez que el organismo estatal toma conocimiento del hecho, de oficio tiene que empezar a investigar y nosotros como institución, como Defensoría Del Pueblo vamos a colaborar en el acompañamiento de pruebas, de fotografías, del pedido de informes al organismo que haga falta a solicitar las cámaras de seguridad, porque la Ley 14.4346 que es complementaria al Código Penal que justamente prevé eso. Encontrar una solución e identificar al culpable que haya cometido el hecho, cerró Capelli.