El juicio comenzará hoy a las 9 en los tribunales de San Martín, en Ricardo Balbín 1753 de dicha localidad, bajo la dirección del juez Francisco Pont Vergés, pero la decisión final estará en manos de 12 ciudadanos (y hay 6 suplentes para eventuales reemplazos).

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de San Martín sentará hasta el jueves próximo en la silla de los acusados a Guillermo Alberto Barros (26 años), imputado por "el homicidio simple" de su ex cuñado, Víctor Armella, ocurrido el 31 de enero de 2014 en el barrio Villa Hidalgo, de ese distrito.

Según la investigación de la fiscalía, el hecho ocurrió luego de una pelea frente a la casa de Claudia Barros, hermana del acusado y ex novia de la víctima.

Armella estaba separado y esa tarde reapareció en la casa de su ex pareja, pero hubo una discusión y el hermano de la mujer salió a defenderla.

En ese marco, sostuvo la acusación, Barros sacó un pistolón y disparó al hombro de Armella, quien murió a las pocas horas.

La defensa estará en manos de la abogada Verónica Jollife, y la acusación será representada por la fiscal Ana Armetta.

El tribunal que se encargará de analizar los hechos está integrado por seis hombres y seis mujeres, la mayoría comerciantes y amas de casa, que deberán definir si el imputado debe ser condenado o absuelto.

Tal como lo estableció la ley que puso en vigencia este sistema, el propio acusado optó por ser sometido a un jurada popular.

Los ciudadanos fueron seleccionaron en mayo pasado, a través de un sorteo en el universo de ciudadanos de entre 21 y 75 años, de nacionalidad argentina, en pleno derecho de sus derechos ciudadanos que juraron resolver el tema "según su íntima convicción y de acuerdo a su leal saber y entender".

Como se trata de una carga pública se prevé que la función será "razonablemente remunerada", se estableció al poner en vigencia la reglamentación.

El procedimiento aplica para los delitos que estipulan penas superiores a los 15 años de prisión; para la condena se requiere 10 o más votos, y la unanimidad en caso en que el delito tenga prevista pena de prisión o reclusión perpetua.

Con esa votación concluye la intervención del jurado porque si se llega a una condena será el juez quien, en base al veredicto, dictará la sentencia, calificación e imposición de la pena.

El mecanismo del juicio por jurado ya se aplica en las provincias de Neuquén y Córdoba.