El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, se acercaron poco antes del mediodía a las puertas de los tribunales del partido bonaerense de San Martín y destacaron ante las cámaras de televisión la importancia de este sistema, pero no ingresaron a la sala de audiencias.

Entre los 39 candidatos que se presentaron había amas de casa, el dueño de un boliche bailable, dos profesoras de escuela secundaria, de historia y arte, un agente de seguridad privada, una cocinera, y una jubilada.

"Este es un momento histórico", dijo el juez Francisco Pont Vergés a los candidatos, cada uno identificado con un número colgando de la solapa, al darles la bienvenida.

Enseguida pidió disculpas por las dos horas de demora en el comienzo ("esto es todo nuevo", alegó), y explicó los pasos a seguir en la audiencia previa de selección de jurados, anterior al juicio en sí.

La fiscal Ana Armetta y la defensora oficial Verónica Jollife formularon preguntas a algunos de los candidatos, por ejemplo amas de casa, el dueño de un boliche bailable, dos profesoras de nivel secundario, de historia y arte, un agente de seguridad privada, una cocinera y una jubilada, todos entre 21 y 75 años y de nacionalidad argentina.

"Yo soy chef y me tengo que ir a trabajar, no quiero estar acá", confió a la agencia DyN una joven de 26 años preseleccionada para el jurado que estaba impaciente y quería retirarse, aunque como se trata de una carga pública estaba obligada a permanecer en la sala.

La fiscal hizo hincapié en preguntar a las dos amas de casa interrogadas si sabían "qué es la Justicia por mano propia". Ambas mujeres mostraron su desacuerdo con ese método y una de ellas amplió la respuesta comentando que "es necesario que haya un juicio".

A los hombres interrogados, Armetta les preguntó si tenían conocimiento de armas y uno contestó afirmativamente porque, explicó, se crió en Formosa "y allá era común salir a cazar al monte siempre con bajo calibre, 22 y así".

A otro de los jóvenes preseleccionados la defensora Jollife le preguntó si frecuentaba a un primo policía -había confiado ese parentesco en la declaración jurada previa que debían entregar los candidatos- y la respuesta arrancó una risa a los presentes: "Sí, claro, el domingo estuvo comiendo un asado en casa".

En el banquillo de los acusados se sentó Guillermo Alberto Barros, de 26 años, imputado por "el homicidio simple" de su ex cuñado, Víctor Armella, ocurrido el 31 de enero de 2014 en el barrio Villa Hidalgo, de San Martín.

Según la investigación de la fiscalía, el hecho ocurrió luego de una pelea frente a la casa de Claudia Barros, hermana del acusado y ex novia de la víctima.

Armella estaba separado y esa tarde reapareció en la casa de su ex pareja, pero hubo una discusión y el hermano de la mujer salió a defenderla.

En este tipo de procesos, el jurado se encarga de analizar los hechos y define si el imputado debe ser condenado o absuelto, como lo dispone la ley, "según su íntima convicción y de acuerdo a su leal saber y entender".

Cada jurado recibe el equivalente a dos remuneraciones diarias y básicas del empleado público en la Provincia, esto es 640 pesos más los viáticos y el refrigerio. Y si trabajan, sus empleadores están obligados a pagarle con normalidad el salario, sin quitas.

El juicio por jurados aplica para los delitos que estipulan penas superiores a los 15 años de prisión; para la condena se requiere diez o más votos y la unanimidad en caso en que el delito tenga prevista pena de prisión o reclusión perpetua.

Con esa votación concluye la intervención del jurado porque si se llega a una condena será el juez quien, en base al veredicto, dicte la sentencia, calificación e imposición de la pena. El mecanismo del juicio por jurado ya se aplica en las provincias de Neuquén y Córdoba.