Daniel Puertas

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María del Carmen Fernández mirando como el viento agitaba las hojas de las revistas que los soldados habían encontrado enterradas en los canteros del jardín de su madre, totalmente destruido por palas sin misericordia. Leticia Graciela Fernández de Vivas viendo los "borcegos" del hombre desconocido que se esforzaba para robarle la alianza mientras ella estaba boca abajo en el piso, aterrorizada y escuchando los gritos de dolor de su hermano.

Rosalía Vinci contando cómo su padre salía a recorrer caminos rurales tratando de descubrir en algún monte cualquier signo que le pudiera indicar que allí estaba cautivo su hijo después de que un policía le contara que sólo podía decirle que Carmelo "estaba en un monte".

Juan Pablo Villeres diciendo entre sollozos que no podía recordar cómo eran las voces de sus padres y confesando que en su infancia había logrado convencerse de que lo que le estaba pasando era una pesadilla de la que finalmente se iba a despertar.

Comprometidos

En lo que hace a la cuestión estrictamente jurídica, hasta ahora ninguno de los defensores cuestionó la existencia de los delitos que se están juzgando, dos homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Tres de los imputados, Ignacio Aníbal Verdura, Walter Jorge Grosse y Omar Antonio Ferreyra, parecen estar bastante complicados en cuanto a los indicios sobre su culpabilidad, mientras que por ahora Horacio Rubén Leites está más tranquilo, ya que las primeras declaraciones no lo incriminan.

Verdura era el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 y por lo tanto del área de Defensa 124 en el esquema armado por el Ejército para instrumentar la represión. El le dijo a Mario Jacinto Fernández que "si lo dice el diario, será así", respecto de que su hermano Jorge Oscar había muerto en un enfrentamiento, a pesar de que había sido sacado de su hogar "encapuchado, esposado y en calzoncillos" por hombres entre los cuales había militares.

No existe duda alguna sobre el asesinato de Jorge Oscar "Bomba" Fernández, como tampoco de que estuvo cautivo en tierras del Ejercito que estaban bajo el mando de Verdura. Por ende, aunque no haya sido el que apretó el gatillo es partícipe necesario.

Grosse fue señalado como uno de los militares que allanaron la casa de los Fernández y dieron vuelta el jardín en busca de armas y encontraron libros y revistas bajo la tierra y no tuvo más remedio que reconocer que él fue responsable de la entrega del cadáver de "Bomba", diciendo en su descargo que fue "por orden de mi jefe (seguramente refiriéndose a Verdura)", quien a su vez había recibido la supuesta orden del general Edgardo Calvi.

Ni Calvi ni Verdura podían desconocer el crimen.

La voz de Grosse fue reconocida por el periodista Osvaldo Fernández como la de uno de sus interrogadores, que también reconoció la de Ferreyra, al que ubicó como casi seguro integrante de la "guardia dura" de Monte Peloni, la de la picana.

María del Carmen Fernández vio claramente a Ferreyra en el Cementerio Municipal el día en que le entregaron el ataúd de Jorge Oscar. Estos son algunos de los indicios que ubican a Grosse y Ferreyra como miembros de las patotas de secuestradores y está fuera de toda duda que estas detenciones terminaron constituyendo privaciones ilegales de la libertad.

La obediencia debida no sirve como argumento exculpatorio en el caso de órdenes manifiestamente ilegales. Bien lo planteó Osvaldo "Cachito" Fernández cuando uno de los defensores le preguntó si creía que los subalternos podían desobedecer a sus superiores.

No sólo podían, sino que, en realidad, existe la obligación legal de negarse a cumplir directivas de ese tipo. Buscar el atajo de la "fuerza irresistible" no parece útil teniendo en cuenta que si se había implementado un plan sistemático de exterminio, lo que era conocido por todos los militares de cualquier grado, cualquiera podía solicitar su baja. Y hasta desertar para no convertirse en un asesino.

El abogado de Grosse, Gerardo Ibáñez, ya utilizó la táctica de alegar la baja jerarquía de sus defendidos para eximirlos de responsabilidades en el caso del ex coronel Alejandro Duret, absuelto primero y luego condenado a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación.

El camino elegido por los defensores de Horacio Leites parece ser de desacreditar de cualquier modo a los testigos, como sugiere la insistencia de Claudio Castaño en preguntarle a cada uno si ha recibido algún tipo de indemnización de parte del Estado.

Castaño además parece solazarse en la provocación, sea al Tribunal o al público. Además, su pedido de que en la sala no hubiera otros símbolos que "la bandera y el crucifijo" no tuvo en cuenta que en ese caso los jueces podrían ser acusados de discriminación por no permitir la estrella de David, la medialuna musulmana o la efigie de Buda.

El codefensor de Leites, el ex carapintada Pedro Mercado, ofrece una imagen de mesura y prudencia que contrasta con la de Castaño.

La defensora oficial que patrocina a Verdura y a Ferreyra, María Isabel Labattaglia, aún no mostró sus cartas.