Polémica por jurados y justicieros
Daniel Puertas
Un hombre que mató a un delincuente y disparó contra otro en circunstancias que nunca quedaron bien esclarecidas fue absuelto por un jurado que emitió en forma unánime un veredicto de no culpabilidad. Esto disparó un debate que seguramente se prolongará en el tiempo, ya que algunos entienden que puede transformarse en una luz verde para la justicia por mano propia en la provincia de Buenos Aires.
La decisión de los doce vecinos que integraron el jurado era previsible teniendo en cuenta el humor social respecto de la inseguridad, especialmente porque el caso estaba rodeado de todas las circunstancias propicias para la suerte del imputado.
Horacio Alfredo Pizzi es un trabajador de 52 años que vive en el barrio El Bajo de Quequén. Había sido víctima de múltiples robos, a punto tal que tuvo que "poner rejas hasta en el techo", según declaró.
En agosto de 2014 le robaron una amoladora, máquina indispensable para su trabajo. Después diría que un chico fue a su casa para decirle que si quería recuperar su herramienta debía presentarse en determinado lugar llevando 500 pesos.
La versión es verosímil, ya que son muchas las víctimas de robos de cualquier lugar del país que han pasado por una experiencia similar. Los ladrones saben que siempre obtendrán más dinero y correrán menos riesgos si cobran un "rescate" a los damnificados que si le venden el botín a un reducidor o salen a tratar de ubicarlo en la calle ofreciéndoselo a cualquier vecino que les parezca de pocos escrúpulos.
Pizzi sostuvo siempre que cuando fue se encontró con dos individuos que intentaron asaltarlo, que forcejeó con ellos y que en la pelea se disparó el arma que empuñaba uno de los delincuentes.
La Fiscalía sostenía la versión de que Pizzi se enteró quiénes eran los ladrones y que, enfurecido, tomó un revólver y un cuchillo y fue a buscarlos. La hipótesis también es verosímil, ya que no son pocos los damnificados que han actuado de esa forma poco racional pero que muchos estarán dispuestos a justificar.
Lo concreto es que esa noche de invierno murió Carlos Farías, de 24 años, un hombre que había sido beneficiado con un arresto domiciliario, pero huyó del hospital donde estaba internado sin siquiera preocuparse por perder el beneficio que le habían otorgado.
Salvó su vida Roque Horacio "Ñoqui" Salvador, otro individuo muy conocido por la Policía y con unos cuantos antecedentes. Una bala impactó en el automóvil en el que se dio a la fuga.
La autopsia demostró que en la sangre de Farías había alcohol y en la revisación de sus ropas se encontraron algunos gramos de marihuana.
El fiscal imputó a Pizzi por el delito de homicidio agravado por la muerte de Farías y de homicidio agravado en grado de tentativa en el caso de Salvador.
En el juicio el fiscal encarnó la postura en contra de la justicia por mano propia que comparte un sector de la sociedad. La defensa se preocupó por poner de relieve el contraste entre un honesto trabajador que se afana por pelearle a la vida con el único argumento de su esfuerzo y los delincuentes que se aprovechan del sacrificio ajeno.
El fiscal planteó en su alegato la necesidad de un veredicto condenatorio que fuera un mensaje para toda la sociedad de que los conflictos deben resolverse dentro de la ley. El defensor dibujó un panorama en el que coexisten dos tipos de sociedades, una conformada por la gente como Pizzi que diariamente se levantan para ir a trabajar y la de los delincuentes que viven robándole a la otra.
Más allá de esa descripción de trazo excesivamente grueso, no son pocos los ciudadanos que comparten la misma visión, como lo demostró el veredicto del jurado.
Cualquier olavarriense se preguntará ahora cuál habría sido la suerte del hombre que mató a un joven a tiros en el barrio Ituzaingó acusándolo de haberle robado un monedero a su esposa si todo se hubiera resuelto en un juicio por jurados.
Como en esa época no regía este sistema, el matador, también un hombre que montó en cólera por los robos sufridos, fue condenado a una severa pena de prisión.
Si bien las circunstancias y los antecedentes de la víctima difieren sustancialmente del episodio de Quequén, las posturas enfrentadas son similares, sino idénticas. Los familiares y allegados de la víctima del caso que se juzgó en Necochea también reclamaron justicia y la casa de Pizzi sufrió varios ataques antes del juicio.
Como el juicio por jurados es un beneficio para el imputado, es de esperar que cualquier otro caso de lo que se llama justicia por mano propia que se juzgue en el territorio bonaerense se decida mediante este mecanismo.
Enseguida se sabrá si lo ocurrido en el TOC 1 de Necochea representa la media provincial. Sea como sea, queda en claro que los fiscales que actúen en juicios de este tipo deberán adoptar una estrategia que no confronte de forma tajante las dos posiciones que quedaron expuestas en Necochea y, quizá más importante, no aplique la figura más severa ni pida penas graves, ya que es improbable que encuentre un jurado conformado por seis hombres y seis mujeres dispuestos a enviar por muchos años a la cárcel a un trabajador por haber matado a un delincuente.
En casos de este tipo, son pocos los que se sumergirán en profundas cuestiones éticas y morales antes de tomar una decisión de la que depende el destino de una persona.