El gobierno argentino ha adoptado una estrategia contundente para promover la aprobación de la denominada "Ley Ómnibus." Durante el inicio del debate en la Cámara de Diputados, funcionarios del gobierno han emitido advertencias sobre una potencial crisis económica si la ley no se aprueba, al mismo tiempo que han ofrecido acortar la duración de las emergencias contempladas en el proyecto, lo que permitiría al presidente gobernar por decreto.

Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, expresó que la falta de aprobación de la ley podría desencadenar una crisis económica y que "si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente." Esta afirmación se basó en un fallo de la Corte que establecía que, para defender los derechos constitucionales, era necesario permitir que la Constitución estuviera vigente.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, también advirtió que si la ley no se sanciona, Argentina podría enfrentar otra crisis. Argumentó que el país ha experimentado crisis en el pasado, pero ha seguido adelante, aunque retrocediendo en términos económicos.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, trató de calmar las preocupaciones al señalar que la inclusión de facultades delegadas al Poder Ejecutivo no busca otorgar un "cheque en blanco" ni cerrar al Congreso. Además, mencionó que están considerando reducir la duración de estas facultades de dos años, prorrogables por dos años adicionales, a un año con la posibilidad de una prórroga de un año.

La "Ley Ómnibus" es una iniciativa controvertida que ha generado debates intensos en el Congreso argentino debido a su alcance y las facultades que otorgaría al Poder Ejecutivo. La discusión continuará en los próximos días, y su aprobación o rechazo tendrá un impacto significativo en la dirección económica y política del país.