El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó esta mañana que el Gobierno nacional ha iniciado la evaluación para declarar la educación como servicio esencial, como parte del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei en su primer mes de mandato.

Este decreto, que aún no ha sido reglamentado, modifica la ley laboral argentina e incluye a la educación como servicio esencial, lo que limita el derecho a huelga y obliga a garantizar un mínimo del 75% de presencialidad del personal docente.

La medida ha generado controversia, ya que implica una limitación significativa del derecho de los trabajadores de la educación a hacer huelga. Además, el artículo 97 del DNU establece que se considerará como servicio esencial a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial.

La discusión en torno a declarar la educación como servicio esencial ha surgido como respuesta a prolongados conflictos laborales en el ámbito educativo, particularmente en provincias como Santa Cruz, donde se han registrado largos períodos de medidas de fuerza docente y baja presencialidad escolar.

Sin embargo, la aplicación de esta medida enfrenta resistencia y está sujeta a controversia judicial. La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo ha suspendido el apartado que modifica el sistema laboral, incluido en el capítulo 4 del decreto, a raíz de un amparo presentado por la CGT. La decisión final queda en manos de la Corte Suprema.