El fiscal Abel Córdoba resolvió este martes que Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir su condena en la causa conocida como la ruta del dinero K, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó su pena.

La decisión también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente. Todos ya estuvieron detenidos previamente, y será el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4, quien defina cómo se computarán las penas. Es el mismo magistrado que presidió el juicio. “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez, Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, señala el dictamen.

En el mismo escrito, Córdoba determinó que Martín Báez, hijo de Lázaro, no debe volver a la cárcel, ya que se le concedió la excarcelación y actualmente goza de libertad condicional.

La semana pasada, Báez fue condenado por el delito de lavado de activos agravado por un monto de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, utilizando la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Luego del fallo de la Corte, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro, todos también condenados en la causa.

Hasta ahora, no se había resuelto si Báez debía volver a prisión. Su defensa había pedido que siguiera bajo arresto domiciliario, argumentando que ya llevaba nueve años detenido.

La causa comenzó en 2013 tras un informe del programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, donde se denunció que Báez, amigo de Néstor Kirchner y principal proveedor de obra pública en Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares mediante maniobras financieras hacia cuentas en Suiza.

El informe incluía los testimonios de Federico Elaskar y Leonardo Fariña grabados con cámara oculta. En 2016, la causa se reactivó con la aparición de un video grabado en SGI, en el que se veía a Martín Báez contando grandes sumas de dinero.

El juez Sebastián Casanello ordenó en abril de ese año la detención de Lázaro Báez y su contador Pérez Gadín ante el riesgo de fuga. También fue arrestado el abogado Jorge Chueco, quien había intentado huir hacia Paraguay.

La investigación concluyó que existió una organización criminal que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 realizó operaciones de lavado de dinero, principalmente mediante Austral Construcciones y la financiera SGI, que permitieron sacar del país y reingresar un total de USD 54.872.866,69 de origen ilícito.