Hoy reabre La Salada, o al menos gran parte de ella. Las ferias Ocean, Urkupiña y Mega Polo La Salada, que forman el mayor mercado de ropa falsificada de Latinoamérica, retoman su actividad con sus líderes presos o prófugos, bajo estricto control judicial y nuevas normas dictadas por el juez Luis Armella en un fallo emitido el viernes. Estas reglas incluyen supervisión de ARCA y un proceso de regularización con un interventor judicial que reemplaza a la administración anterior. También participarán la Municipalidad de Lomas de Zamora y el Ministerio de Producción bonaerense. La PFA dispondrá de un operativo con al menos 60 agentes, y el Ministerio de Seguridad de la provincia también deberá garantizar la vigilancia.

ARBA deberá liderar la formalización impositiva, inscribiendo a todos los puesteros no registrados en Ingresos Brutos Simplificado. Se prohíbe la venta de productos con marcas falsificadas. Una inspección reciente a un 20% del stock en los más de seis mil locales reveló que el 70% contenía artículos apócrifos. Punta Mogote, la feria principal, sigue bajo inspección de la PFA. Comienza así un complejo intento del Estado y la Justicia por legalizar el funcionamiento de La Salada, cerrada desde el 22 de mayo tras un operativo de la Policía Federal en el marco de una causa por lavado de dinero, evasión fiscal y venta ilegal de mercadería, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, que incluyó más de 60 allanamientos y 20 detenciones.

Entre los arrestados figura Jorge Castillo, conocido como el “Rey” de La Salada, capturado en su mansión en Haras El Argentino, Luján. También fueron detenidos su hijo Manuel, su esposa Natalia Luengo y su suegra Nilda Arrieta. A Manuel se le encontraron casi $750 millones y seis autos a su nombre.

Punta Mogote S.C.A., empresa central del conglomerado, movió $26 mil millones en depósitos en efectivo entre 2021 y abril de 2025, y se sospecha que manejaba mucho más en negro a través de al menos seis mil puestos en Lomas de Zamora. La Salada, mezcla de lo legal e ilegal con ferias como Punta Mogote, Ocean, Urkupiña, Mega Polo La Salada y Mogote Factory en Flores, más sus vendedores, transportistas, puestos de comida, estacionamientos y tours de compra desde Argentina, Brasil y Chile, representaba un sustento esencial para miles de familias y para el municipio. Su cierre amenazaba con una crisis social, económica y política.

Frente a esto, los feriantes protestaron y presionaron hasta lograr una mesa de diálogo con la fiscal, el juez Armella y representantes de distintos niveles de gobierno. La fiscal Incardona propuso medidas de regularización que fueron aceptadas por el juez.

En medio de todo, Jorge Castillo decidió declarar durante una indagatoria presencial de tres horas. Comenzó diciendo: “El negocio es inmobiliario, no vendo marcas. Tengo galerías en Flores, la ropa entra y sale en los operativos, eso es del Estado”. Detenido también en 2017 por cargos similares, Castillo insiste en que nunca cometió delitos.

Consultado sobre su rol, explicó que es socio de la empresa desde 2008, pero que desconoce su participación accionaria exacta. Aseguró que la administración es por asamblea y que siempre vota en contra, marcando distancia de sus presuntos cómplices. Afirmó que él realiza obras y recibe locales como pago, aunque no supo precisar cuántos posee. “Está registrado en la IGJ”, respondió.

Detalló que tiene empleados que cobran los alquileres, y que todo se paga en efectivo porque tiene sus cuentas bloqueadas. En su casa recibe el dinero para luego pagar en bancos. Sobre quién transporta el dinero, reveló algo insólito: “La gente de Prefectura, del Servicio Penitenciario, de la Policía provincial. Los contrato yo. Tiene que ser seguro porque esa plata se usa para pagar cosas”.

Castillo incluso mencionó a un prefecto de confianza y su defensa prometió aportar más detalles.a