El Gobierno aumentó la presencia de seguridad en un área limítrofe con Brasil
Mediante una resolución difundida en el Boletín Oficial, se puso en marcha el llamado Plan Guacurarí. La medida contempla la formación de un Comando Unificado y tendrá una duración de 180 días. El anuncio ocurre en un contexto de tensiones constantes con el gobierno de Lula
Con la intención de reforzar la seguridad en la zona fronteriza del país, el Ministerio de Seguridad Nacional intensificó la coordinación entre fuerzas federales y provinciales en el límite entre el este de Misiones y el sur de Brasil. La medida quedó oficializada mediante la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich. A través del Plan Guacurarí, el Gobierno apunta a combatir delitos federales y optimizar el uso de recursos de seguridad a nivel nacional y provincial.
Según detalla la resolución, se trata de una franja de frontera seca de 25 kilómetros, de difícil acceso, donde proliferan delitos como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. La zona crítica se ubica en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, donde avenidas asfaltadas en ambos lados del límite permiten la existencia de pasos ilegales sin obstáculos naturales. Además, se advierte que el accionar de bandas criminales brasileñas como el Primer Comando Capital y, en menor medida, el Comando Vermelho, ha influido en grupos locales que funcionan como intermediarios.
El Plan Guacurarí se plantea como respuesta ante estas amenazas, impulsando la creación del Comando Unificado Guacurarí. Este ente coordinará las acciones conjuntas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También podrá participar la policía de Misiones, con representantes en funciones de enlace. Su tarea central será ejecutar operaciones orientadas a recuperar el control de la zona, en una etapa inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga.
Esta iniciativa se suma al Plan Güemes, vigente desde diciembre en Salta (en áreas como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza), y al Plan Roca, implementado en la frontera con Bolivia. En mayo, el operativo recibió apoyo del Ejército Argentino, con 1.900 efectivos incorporados para reforzar la seguridad y combatir al crimen organizado.
Para las autoridades salteñas, estas acciones no solo fortalecen el trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, sino que también mejoran la vigilancia fronteriza. El secretario de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, afirmó que se logró reducir notablemente los delitos relacionados con el narcotráfico en el primer cuatrimestre del año.
Al mismo tiempo, el operativo está en línea con las nuevas políticas migratorias del Gobierno, que endurecen los requisitos para otorgar residencia, imponen aranceles a ciertos servicios y buscan facilitar las deportaciones. “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresaban de forma irregular”, declaró el vocero presidencial, Manuel Adorni.