Se presentó en el Senado un proyecto que busca endurecer las penas para quienes ejerzan violencia contra docentes, personal de salud o trabajadores del transporte público durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa propone incorporar un artículo que eleve en un tercio las penas mínimas y máximas de cualquier delito cometido “con motivo u ocasión” del trabajo de la víctima perteneciente a estos sectores.

El texto argumenta que estas agresiones tienen un impacto colectivo, generando suspensiones de clases, cierres de guardias médicas o interrupciones del servicio de transporte. Por eso, el proyecto plantea que delitos como lesiones, amenazas, robos o daños sufridos por estos trabajadores reciban sanciones agravadas.

El senador Maximiliano Abad, autor del proyecto, explicó que responde a reclamos de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte, y advirtió: “Si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica”. Además, subrayó que “la violencia no puede ser parte de la rutina laboral” y que escuelas, hospitales y unidades de transporte deben ser espacios seguros.