Funcionarios de la Secretaría de Trabajo han sido descubiertos en una maniobra desesperada por borrar evidencia incriminatoria antes de ser despedidos. En un operativo llevado a cabo por el Ministerio de Capital Humano, se encontraron bolsas de documentos triturados y discos duros de computadoras borrados en las oficinas del ex Ministerio de Trabajo.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, las bolsas contenían expedientes de gran relevancia, incluyendo registros de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios y contrataciones de remises, entre otros. Todo indica que este acto desesperado fue perpetrado por el ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, Martín Alejandro Bugeiro, junto a otros 12 empleados de su entorno cercano, en un intento por eliminar pruebas incriminatorias antes de ser despedidos por el actual Gobierno.

El operativo para detener esta maniobra tuvo lugar el pasado 17 de abril, cuando agentes de seguridad impidieron que Bugeiro y sus cómplices retiraran las bolsas de residuos de la oficina. Desde entonces, se ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Además de la destrucción física de documentos, se descubrió que los funcionarios también borraron los discos duros de sus computadoras, eliminando así gran parte de la información almacenada. A pesar de esto, los auditores del Ministerio de Capital Humano han logrado recuperar aproximadamente el 90% de los datos.

Se sospecha que Bugeiro y su equipo podrían haber cometido actos de corrupción, ya que estaban siendo auditados por posibles irregularidades en la gestión de contratos y compras de bienes para el Estado.

El despido de Bugeiro y sus colaboradores se llevó a cabo tras detectarse que manejaban millonarios fondos públicos en un área con un enorme presupuesto estatal. Su cargo dentro de la estructura estatal era de extrema relevancia, ya que tenía la autoridad para aprobar o rechazar procesos de compras y contratos de servicios.

Entre los expedientes bajo revisión se encuentran contratos de proveedores de servicios, compras de bienes para el Estado y licitaciones para provisiones de remises, entre otros. Este escándalo ha puesto en evidencia la falta de transparencia y el manejo irresponsable de recursos públicos por parte de funcionarios de la gestión anterior en la Secretaría de Trabajo.