Estuvo el secretario general, José Carranza, a quien acompañó la secretaria adjunta Sandra Maximino. En tanto, participaron también el nuevo delegado local, Julián Contreras, y el secretario gremial e interior, Fernando Leguizamón.

"Vengo a poner en funciones a Juan Montenegro en un nivel superior" destacó Carranza en el inicio de su diálogo con los medios en la conferencia que se brindó en la sede sindical, "pasa a estar en la conducción nacional, en la secretaría Gremial del Servicio Penitenciario, algo que realiza con mucho esfuerzo. Viene uniendo las fuerzas de seguridad y demostrando al ciudadano que se puede trabajar en ambos sentidos, estando en el Servicio Penitenciario y con los compañeros de policía".

Por su lado, Juan Montenegro comentó sobre su nueva función: "el secretario general me llamó la semana pasada y me anunció que me quería en una nueva función nacional para trabajar a la par de la comisión directiva así que empezaré a trabajar de otra manera".

El principal escollo que Sinpope debe afrontar para su pleno desenvolvimiento, es la falta de reconocimiento del derecho a la sindicalización de los empleados de seguridad pública. "Dan mucho trabajo las 54 unidades penales y todas las comisarías" reconoció Carranza para aclarar "cuando desde el gobierno salen a decir que no pueden estar, decir, hacer ni comentar, que sólo tienen que callarse y trabajar, todo da trabajo". Para el máximo dirigente de Sinpope "se demuestra que la constitución nacional da el derecho legal de estar sindicalizado y ellos dicen que no se puede; sí se puede, como lo tiene Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, muchos países que piensan que la libertad de acción es el mejor organismo para llevar la seguridad tanto al trabajador como a la familia, el ciudadano común, los comerciantes, los empresarios".

Sumó a su cuestionamiento una comparación: "muchos servicios penitenciarios tienen sindicato de detenidos, Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), con personería gremial y a nosotros nos niegan un número" sostuvo en referencia a la falta de reconocimiento formal.

Los problemas

Sinpope cuestionó la información oficial sobre la cantidad de personal que se desempeña como policía y señaló que el problema principal es la falta de personal. Los ministros de Seguridad, Alejandro Granados, y de Justicia, Ricardo Casal, fueron blancos de las críticas tanto como el gobernador Daniel Scioli.

Carranza consideró "la seguridad se hace entre todos. Nosotros seguimos haciendo la seguridad aunque nos mientan o le mientan al ciudadano, solos después se les cae la mentira".

Señaló luego, "dicen que entran 10 mil (policías egresados de la escuela oficial) cuando no lo hacen, el ministro Granados dijo en la tele que son 92 mil los efectivos de seguridad el día que se jugaba el partido Boca-Racing, dijo que ‘inundamos la provincia de Buenos Aires de policías y penitenciarios’". Más adelante retomó el planteo y pidió "dejen de mentir al ciudadano, no llegamos a 42 mil policías. Dejemos de decir que hay más seguridad cuando falta seguridad y sino no tendríamos tantas rejas en nuestras casas y comercios".

Además, acusó a las máximas autoridades provinciales: "el obernador no se sienta a hablar, ni Granados, ni Casal, porque les decimos la verdad y ellos no hablan con los que dicen la verdad sino con los que asienten la mentira de ellos".

José Carranza sostuvo que "no hay que cambiar nada" para legalizar a Sinpope, ante la consulta sobre si el tema requiere alguna reforma en la legislación. Interpretó que "(el ministro de Trabajo, Oscar) Cuartango tiene que decir que esto es lo que dice la ley 23.551, que es la ley sindical. Después entraremos a modificar reglamentos y digestos de trabajo para armar los convenios colectivos como todos".

Tras cuestionar el horario laboral, la falta de "seguridad jurídica" y las condiciones infraestructurales de los espacios donde se desempeñan policías y penitenciarios apuntó nuevamente contra los directivos bonaerenses a quienes demandó "dejemos de engañar a la gente y decir que esto está mejorando. No va a mejorar hasta que el trabajador de policía y penitenciario no tenga lo que le corresponde, un sueldo digno, horarios dignos y protección jurídica".

En este sentido, manifestó "en la provincia de Buenos Aires como en todo el país, primero somos culpables y después tenemos que demostrar nuestra inocencia. Primero somos presos, sancionados, perdemos dinero y después reclamamos. Hacerle un juicio al Estado demora de 15 a 20 años, la familia se desmorona. Tenemos muchos compañeros que terminan trabajando de obreros sin necesidad. A los 6 o 7 años se demuestra que son inocentes y después están 4 o 5 años más hasta que el ministerio les devuelve lo que les quitaron por un error administrativo".