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Aunque se excusó de referirse específicamente al juicio Monte Peloni II porque debió formar parte del tribunal encargado del caso, el ex juez Carlos Roszanski sostuvo que "los juicios deben celebrarse en el lugar que ocurrieron los hechos" y que "la comunidad tiene derecho a exigir" que así sea.

En el segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Olavarría durante la última dictadura militar hay 31 imputados y las audiencias se realizarán en el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, en Mar del Plata.

Los organismos de derechos humanos han pedido que, tal como ocurrió con Monte Peloni I, el juicio tenga lugar en Olavarría.

Carlos Roszanski presidió el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich, entre otros represores, y debió renunciar ante la arremetida en su contra del Consejo de la Magistratura y las presiones mediáticas, en lo que en su opinión se debió a una maniobra "orientada a frenar la tónica que traían los juicios por delitos de lesa humanidad".

Los jueces que intentó desplazar la administración de Mauricio Macri eran Eduardo Freiler, actualmente en la mira del Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo está tratando de conseguir el último voto para removerlo, y Daniel Rafecas.

Para Roszanski los juicios por delitos graves siempre deben hacerse en el sitio donde se perpetraron los crímenes y ejemplificó con su actuación como juez en el sur del país donde "viajábamos en camioneta, bajo la nieve, a El Bolsón o Ingeniero Jacobacci, para celebrar juicios por delitos de homicidio, corriendo riesgos en el camino, donde más de una vez patinamos".

Dijo que "en Ingeniero Jacobacci no teníamos ni un lugar para tomar un café, pero no podíamos someter a la gente al escarnio de hacer el juicio en otro lugar, a obligarla a trasladarse una y otra vez, poniéndola en una situación incomodísima".

En el mismo sentido agregó que "cuando se trata de delitos gravísimos los testigos no pueden estar obligados a trasladarse, por razones humanitarias y prácticas. El Estado debe preocuparse para conseguir que esto les duela lo menos posible. Solucionar esto es una cuestión de voluntad".

Los crímenes en el centro clandestino de detención Monte Peloni fueron cometidos hace cuarenta años, por lo que todos los testigos tienen un mínimo de sesenta años de edad y algunos unos cuantos más.

Para el juicio que se iniciará el 17 de agosto están previstas dos audiencias cada quince días y los organismos de derechos humanos pedirán que al menos la primera y la última tengan lugar en Olavarría.

Para los militantes de derechos humanos que se haya decidido que el juicio se realice en Mar del Plata es un signo del cambio de los tiempos, ya que creen que desde el advenimiento de Mauricio Macri se dejó de dar apoyo desde el Estado a los juicios por delitos de lesa humanidad.

Además consideran a Mar del Plata prácticamente como "territorio enemigo" dada, entre otras cosas, la existencia de grupos de ultraderecha de notoria actividad.

El TOF 1 de la ciudad balnearia condenó en diciembre a un ex fiscal y a otras seis personas por crímenes cometidas por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en 1975.

Carlos Roszanski se refirió también a la Justicia Federal, especialmente la que tiene asiento en Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, sostuvo que "si bien habría que analizar caso por caso, la Justicia Federal es tradicionalmente reaccionaria, siempre funcional al poder de turno" y que "hay una cuestión de clase, ya que se sienten una elite. No hay que olvidar que ya en la década del 30 la Corte Suprema avaló el golpe militar" que derrocó a Hipólito Yrigoyen.

Recordó que en 2013 se dictó un decreto que introducía una reforma que a su juicio era "revolucionaria": la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por el voto popular, pero rápidamente "la Corte la declaró anticonstitucional".

Para él, "el Consejo de la Magistratura es especialmente sensible al momento político" y recordó que las presiones para frenar los juicios de lesa humanidad "yo las padecí personalmente, como nunca me había ocurrido en mis 26 años como juez".

Deslizó que la Justicia ahora está avalando "la gestión económica del Gobierno", como antes lo hizo con la última dictadura que "tenía un objetivo económico y no militar", pero se mostró satisfecho por "la condena de cuatro ex jueces por delitos de lesa humanidad en Mendoza, algo excepcional en el actual contexto".

Subrayó que el Consejo de la Magistratura está empeñado "en sacar del medio a todo aquel que quiere hacer las cosas de determinada manera", algo que en su opinión "se va a resolver cuando la gente reaccione políticamente".

Entre las presiones del Gobierno a la Justicia incluyó también a "la persecución a la procuradora general Alejandra Gils Carbó" y a la utilización del poder mediático.

Calificó de "obsceno" el fallo de Casación que ratificó la condena a Milagro Sala y que hay peligro "cuando lo obsceno se naturaliza".

Se mostró levemente esperanzado porque "octubre está cerca. Estas elecciones van a marcar cómo seguimos el camino".