El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este viernes un comunicado oficial en el que instruye a todas las salas constitucionales y jueces de garantías del país a resolver de manera inmediata los recursos y acciones vinculadas al proceso electoral de 2025. La entidad máxima en materia constitucional enfatizó que “ninguno de los recursos judiciales debe alterar o modificar el calendario electoral y tampoco podrá retrotraer acciones que hayan sido superadas”.

El pronunciamiento llega en medio de tensiones políticas y controversias sobre candidaturas, inhabilitaciones y demandas judiciales que han marcado la etapa de inscripción de binomios. El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, señaló que el país necesita certezas jurídicas para garantizar comicios transparentes y oportunos, reafirmando que la elección nacional debe realizarse el 17 de agosto, como establece el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“El país necesita certezas y la garantía de elecciones transparentes en los tiempos que la Constitución establece”, señala el comunicado. En ese sentido, el TCP advirtió que la democracia, como principio esencial del Estado de Derecho, no puede ser vulnerada ni pospuesta por decisiones judiciales que desconozcan la institucionalidad electoral.

Además, el Tribunal informó que resolverá con carácter prioritario y celeridad los procesos constitucionales que ingresen a su conocimiento, según el Acuerdo de Priorización de Sorteo de Causas, aprobado por la Sala Plena del órgano judicial.

Llamado a la desjudicialización del proceso electoral

En su pronunciamiento, el TCP también exhortó a los actores políticos a abstenerse de seguir judicializando el proceso electoral y, en cambio, centrarse en propuestas para resolver los problemas del país. “Instamos a los actores políticos a dejar de judicializar el proceso electoral y más bien dedicar este periodo a proponer soluciones al pueblo boliviano”, se lee en el texto oficial.

La declaración del TCP ocurre tras una serie de medidas cautelares y recursos de amparo constitucional que han puesto en suspenso la habilitación de partidos y candidaturas, incluyendo las que afectan a la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez.

Finalmente, el comunicado cierra con una advertencia sobre la responsabilidad colectiva de preservar la democracia: “Preservar la democracia es responsabilidad de todas y todos”.