El Órgano Ejecutivo, a través de la ministra de Justicia, Jessica Saravia, rechazó y cuestionó el informe del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización no gubernamental World Justice Project, el cual ubica a Bolivia entre los países con mayores niveles de corrupción, señalando problemas en los poderes Legislativo, Ejecutivo, la Policía y el sistema judicial.

Saravia calificó el informe como “no serio”, carente de una metodología clara y con datos distorsionados que carecen de sustento técnico. “No presenta fuentes verificables ni indicadores transparentes que permitan validar sus afirmaciones”, indicó la autoridad.

En contrapartida, la ministra destacó que Bolivia fue recientemente evaluada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conformada por varios países de la Unión Europea, en materia de lucha contra la corrupción. Remarco que la diferencia del reporte cuestionado, este estudio fue “técnico, responsable y basado en parámetros concretos”.

“Bolivia fue valorada dentro del marco estratégico anticorrupción y de rendición pública de cuentas, donde se confirmó que el país cumple con múltiples indicadores y mecanismos preventivos. Se alcanzó un nivel de cumplimiento del 67%, lo que demuestra avances significativos en la lucha contra la corrupción”, señaló.

Finalmente, Saravia informó que el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción tramita actualmente más de 900 causas relacionadas con hechos de corrupción, y que en lo que va del primer semestre de 2025 se lograron más de 50 sentencias condenatorias.