El abogado constitucionalista Williams Bascopé afirmó que los contratos de explotación de litio, recientemente aprobados en comisión de la Cámara de Diputados, vulneran la Constitución Política del Estado (CPE) y podrían derivar en un grave daño a los recursos naturales del país.

Cuatro puntos clave de su denuncia:

• Falta de licitación pública: Bascopé señala que, según el Artículo 349° de la CPE, los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y el gobierno solo los administra. Sin embargo, los contratos fueron firmados sin un proceso de licitación, limitando la posibilidad de mejores condiciones para el país.

• Ausencia de una Ley del Litio: De acuerdo con el Artículo 369°, el Estado es responsable de la regulación de los recursos mineros, lo que implica que no se puede explotar el litio sin antes aprobar una ley específica. Actualmente, dicha normativa aún no ha sido promulgada.

• Riesgo de daño ambiental: La explotación del litio demanda un uso intensivo de agua, lo que, según el constitucionalista, podría generar la desertificación de la zona. El Artículo 373° de la CPE establece que el agua es un derecho fundamental y su uso debe ser sustentable.

• Posible traición a la patria: Bascopé advierte que los diputados que aprobaron los contratos en comisión han violado el régimen constitucional de los recursos naturales, lo que, según el Artículo 123° de la CPE, podría constituir un delito de traición a la patria.

El abogado concluyó que antes de la explotación del litio, debe aprobarse una ley específica que proteja los intereses del país y evite un desastre medioambiental.