Silvana Melo

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Tal vez el de hace diez días haya sido el giro más relevante en la línea discursiva presidencial. Desde una ubicación progresista, al kirchnerismo siempre le costó hablar de inseguridad. Y condenó desde todas sus patas la tendencia a la mano dura, la triste frase "entran por una puerta y salen por la otra" y la xenofobia fundacional de ciertos sectores políticos. Al anunciar el nuevo Código Procesal Penal, Cristina Fernández habló de la "puerta giratoria", sostuvo la necesidad de expulsar a los extranjeros que cometan delitos y describió un concepto tan aleatorio como la "conmoción pública" para decidir cuándo quien comete un delito debe ir a la cárcel mientras es juzgado. El senador Héctor Vitale (Frente Renovador), el diputado César Valicenti (Frente para la Victoria) y la ex senadora María Isabel Gainza opinaron sobre los puntos que mediáticamente se pusieron en discusión en estos días.

Pero a la vez aclararon que el nuevo código tendrá sólo jurisdicción federal (ciudad de Buenos Aires y delitos determinados como narcotráfico y trata de personas) y que en la provincia de Buenos Aires ya se utiliza un andamiaje procesal basado en la investigación en manos de los fiscales y no de los jueces. Sin que haya mejoras sustanciales: a las investigaciones, de hecho, las sigue llevando adelante la policía. Con todos sus quistes en pie.

Punto de discusión

Para el senador massista Héctor Vitale, se trata de "una respuesta a lo que ya venían pidiendo los fiscales del fuero federal; un camino más parecido al de la Provincia, con una actuación más importante de los fiscales y desplazando a los jueces de la instrucción de las causas. Es positivo en ese sentido, porque se pasa de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Y concede más transparencia al procedimiento". César Valicenti, diputado de La Cámpora, resalta la reforma del Código Procesal como un paso más en la decisión oficial de "poner en crisis todo el andamiaje jurídico de la república, desde el Código Penal al Código Civil y Comercial, el matrimonio igualitario y la Ley de Medios". Y evita, en lo posible, entrar en el análisis de los tramos más incómodos del discurso de CFK.

A Vitale le preocupa fundamentalmente que "con la Procuración de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, se corre el riesgo de designación de fiscales con escasa independencia. Estos nombramientos deberían estar controlados expresamente por el Congreso. No deben estar designados a voluntad por la Procuradora. Y más cuando se trata de investigar las conductas de los funcionarios públicos". Por eso insiste en que "eso es lo más relevante y creo que estamos parados en una discusión que pierde de vista la incidencia de la Procuración".

La preocupación de Valicenti pasa más por lo macro: "Es poner en discusión una estructura que norma las relaciones sociales. La Presidenta está poniendo en el ojo de la tormenta un poder público nacional que es el que menos se ha democratizado: el judicial. Los jueces no se tocan, tienen extensas vacaciones, sueldos intangibles, no pagan ganancias y siempre se apunta contra el delito de las clases populares".

Puerta giratoria

La "puerta giratoria", concepto que ha sostenido el sector socio dirigencial que impulsa la mano dura (muy blumbergiano, por otra parte) es difícil de digerir para el sector más progresista del kirchnerismo. Héctor Vitale, en un análisis más desapasionado, sostiene que "el tema de la preventiva no varía prácticamente. Igual que en el código anterior depende de la gravedad de la circunstancia, la posibilidad de fuga, el entorpecimiento". Pero "se le agrega la conmoción social, que generó la reacción del CELS y de Horacio Verbitsky". Lo que más preocupante "es que no se define la conmoción social. ¿Con tres tapas de Clarín o cuatro títulos de TN o C5N se puede armar esa conmoción social? Es un concepto peligroso que debe ser impugnado."

Para la ex senadora María Isabel Gainza, el concepto de "conmoción social es uno de los puntos más preocupantes". Porque "es muy peligroso dejar figuras delictivas abiertas a un criterio cambiante y en manos de una justicia tan lábil al poder político". Es "muy importante que los delitos estén perfectamente tipificados y las circunstancias detalladamente descriptas para que no queden dudas".

La introducción en el nuevo Código de la expulsión de los extranjeros que delinquen determina una legitimación de la xenofobia creciente en algunos sectores sociales. Vitale aclara que "podrán" ser expulsados. Pero además "tiene que existir una serie de circunstancias. Ser sorprendido en flagrancia. E imputado por un delito de pena que vaya de uno a tres años. A cambio de la suspensión del juicio, se lo expulsa. Pero además tiene que estar acordado antes entre el juez, el fiscal y el imputado. Esto debía ser en realidad una política migratoria porque hay tratados internacionales y no va a ser tan fácil de aplicar". Para Gainza es "ridículo" que la expulsión se acote a los delitos menores y no "al narcotráfico, que es el delito que hay que combatir y cuyas penas, por supuesto, son mucho más altas".

El diputado Valicenti resaltó que "cuando se habla de delincuentes extranjeros hay una tendencia a pensar en los inmigrantes de países limítrofes, pero los más peligrosos son los buitres, los delincuentes financieros. Hay una configuración social xenófoba". Sin embargo, CFK no se refería a los financistas internacionales cuando apelaba al Superberni, rodeado de colombianos esposados en el piso y declarando que "estamos infectados de delincuentes extranjeros" (de paso es bueno aclarar que, en caso de estarlo, estaríamos infestados y no infectados). Para el legislador camporista, Berni se basa en "el perfil de las cárceles federales" donde "el 25% de la población es extranjera y vinculada con el narcotráfico".

Para la ex senadora, "la puerta giratoria existe, lamentablemente". Y aunque "alguien como (Sergio) Berni no sea santo de mi devoción, cuando dijo sobre los colombianos ''estos salen esta noche a más tardar'', es bastante así. Hay que apurar el procedimiento, y en eso acuerdo. Pero en algunos delitos graves las personas no deben salir. Alguien que desprecia la vida ajena no puede estar en libertad hasta que lo juzguen".

El gran problema, para María Isabel Gainza, es que "pasan años hasta que lo juzgan. Entonces si se trata de quedar en libertad hasta que haya sentencia firme, con todas las instancias de apelación que existen, el peor de los delincuentes tarda años en quedar preso".

En ese sentido, Valicenti se quejó de que "las cárceles están llenas de procesados sin ser condenados y, además, el estereotipo social del extranjero delincuente, de la xenofobia, hace que se sospeche de ciertos elementos discursivos". Pero "se trata de poner en crisis todo el andamiaje jurídico".

Vitale, finalmente, recalcó que "el Gobierno ha salido tarde y mal, y con banderas que nunca fueron propias. Es una concesión a la presión mediática".

Desconcierto

El viraje discursivo oficial ha desconcertado a organizaciones, entidades y partidos satélites del kirchnerismo que han enarbolado banderas y discursos contrarios durante años. Y como una impronta identitaria de la historia K. Muchos de ellos han decidido asumir una crítica que implica coherencia. Como el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, el domingo que pasó en el diario Página 12.

Es importante reiterar que los cambios se darán en la instrucción de causas del fuero federal: la provincia de Buenos Aires ya cuenta con el sistema acusatorio desde hace años. Sin embargo, más inquietante es el contenido discursivo. Más que la palabra legal en sí y su alcance, es la legitimación institucional de aquello que se exige desde ciertos sectores de la política, de la sociedad y de los medios, y que nunca tuvo como resultado una mejora en la calidad de vida de la gente.