A poco más de dos años de aquellos hechos, dos de los acusados accedieron ayer a la suspensión del juicio por dos años en los que se comprometieron a seguir ciertas pautas de conducta y efectuar resarcimientos por unos 6.000 pesos. De cumplir con lo establecido, transcurrido el plazo quedarán sin cargos en su contra.

La audiencia en la que se fijó este instrumento denominado suspensión de juicio a prueba o probation se desarrolló en la mañana de ayer en el Juzgado Correccional local. Estuvo la titular, doctora Cecilia Desiata, los acusados Stuppia y Silveyra D´Avila junto a su representante legal, la doctora María Eugenia Venier; por la fiscalía actuó el doctor Christian Urlézaga -en reemplazo de la doctora Susana Alonso quien se encuentra de licencia- y como víctimas fueron citados por la fiscalía los entonces concejales Margarita Arregui, Einar Iguerategui, Eduardo Rodríguez, Julio Frías y Emilio Vitale, la ex secretaria del HCD, Telma Cazot, y la presidenta de la Sociedad Española, en cuya sede se produjeron los hechos. Ni Vitale ni Cazot concurrieron ayer aunque se mantiene su figura de víctimas.

Se extendió por alrededor de 40 minutos en los que se presentó la propuesta de tareas a cumplir por parte de Stuppia y Silveyra D´Avila, quien vale recordar actualmente está jubilado y retirado de la actividad. Luego, el fiscal Urlézaga agregó otros elementos a las pruebas requeridas para los acusados. Tras un cuarto intermedio, se llegó al acuerdo y luego se firmaron las actas.

Se dejó en claro que, en función de las características de este procedimiento no se discutieron los hechos registrados en 2016, ni implica el reconocimiento de culpabilidad. Todo se limitó a la probation. Es que en caso de registrarse incumplimientos, el juicio deberá reanudarse y cada parte deberá a asumir su rol.

Según se pudo saber en el lugar, la tercera acusada, Vavrín, no puede acceder a este beneficio debido a que es requisito no contar con antecedentes penales ni causas abiertas y se lleva contra ella otro proceso judicial.

Probation

En el marco de un juicio penal, la parte acusada puede presentar esta alternativa de la suspensión del juicio a prueba la cual debe ser aceptada por la fiscalía para tener lugar. Eso ya sucedió en este caso con lo que ayer se realizó la audiencia para notificar a las víctimas.

La defensa y la fiscalía acordaron que los acusados verán suspendido el juicio por dos años para lo cual deberán aportar 500 pesos cada uno a la Asociación de Bomberos Voluntarios, 2.000 pesos cada uno a la Sociedad Española en resarcimiento por los daños edilicios y 100 pesos cada uno para las víctimas. Los cuatro concejales y ex concejales presentes definieron que donarán este monto, dispuesto de manera simbólica, a la Asociación Damas Vicentinas que administra el Hogar de Ancianos. La suma en este último caso alcanza a 800 pesos.

A su vez, los procesados deberán presentarse cada tres meses en el Patronato de Liberados local y se comprometieron a "no realizar acciones que alteren el orden público y la paz social".

Cabe señalar que Stuppia consultó en función de su rol sindical por las implicancias de la disposición de alteración del "orden público", tras lo que la jueza Desiata explicó los alcances de este condicionamiento. Al cierre de la audiencia y de manera informal se especulaba con la posibilidad de que el acatamiento de esta medida afectara su continuidad al frente del Sindicato de Municipales.

En cuanto al aporte para la Sociedad Española, se aclaró que los arreglos edilicios fueron pagados por el HCD local con lo que pondrá a consideración del presidente Bruno Cenizo si acepta el pago de 4.000 pesos en total.

"Hito de la democracia"

El fundamento de esta medida es "consolidar la paz social" definió ayer el concejal Einar Iguerategui a "Mejor de Mañana" por 98POP tras la audiencia.

Recordó que lo sucedido en junio de 2016 "es un hito de la democracia olavarriense la suspensión de una sesión. Nunca había ocurrido. Esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Me parece que hubo un desmanejo por parte de las autoridades de ese momento, de la no intervención del Intendente para llamar a la paz social".

Iguerategui consideró que "se aprende de todos los malos momentos y me parece que con esta actitud, tanto José Stuppia como Arturo, también han aprendido y saben que no deben volver a cometer ciertos actos. También me parece justo y apropiado que quienes son responsables de las empresas tengan un proceso más amplio, porque hay mayor responsabilidad en algunos casos".