El PAMI "financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación", sostuvo Bonadio, quien dictó la falta de mérito para el ex secretario de Finanzas y ex ministro de Economía Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del ex titular de los bancos Nación y Central Juan Carlos Fábrega.

Según el juez, las operaciones de inversión en letras del Tesoro por parte del PAMI entre 2008 y 2012 ascendieron a 14.810 millones de pesos.

Bonadio resaltó que "esa operatoria la hizo sistemáticamente sin intervención de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión".

La resolución se conoció poco después de la indagatoria que tomó al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, en la causa que investiga supuestas irregularidades en el Plan Qunita.

En el fallo de medio centenar de carillas, Bonadio detalló que "la maniobra comenzó el 5 de diciembre de 2008, cuando Lorenzino firmó un oficio dirigido a Di Cesare, a efectos de solicitarle que evaluara la posibilidad de suscribir ''Letras de la Tesorería Nacional'' a 90 días con los excedentes financieros que poseyera el organismo a su cargo, porque esas letras resultaban una inversión muy interesante y segura desde el punto de vista financiero, y a la vez, de suma utilidad para el financiamiento del Gobierno Nacional".

La inversión "impidió" que la entidad "contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios", consignados "en la ley 19.032" y no destinados "al financiamiento del Estado Nacional".

La actividad -dijo- "pudo sostenerse durante un período aproximado de cinco años, como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de suscripciones de las letras del tesoro, las deficiencias de la contabilidad del Instituto, la laxitud de los controles internos y la imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos".

Añadió que "el supuesto excedente de recursos que habría permitido las suscripciones de letras del Tesoro se construyó a partir de retrasos injustificados en los pagos a proveedores, atrasos en las inversiones y mantenimiento de las instalaciones, disminución de la calidad de las prestaciones y tolerancia de situaciones de déficit prestacional, económico y financiero".

A criterio de Bonadio, Di Cesare "abusando del cargo que ocupaba, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo".

"Desde ese lugar, abusando de su cargo e incumpliendo sus obligaciones, logró llevar a cabo las maniobras tendientes a financiar al Estado Nacional, en detrimento del Instituto y sus beneficiarios -se sostuvo-. Para disimular el financiamiento del Estado Nacional que llevaba a cabo con dinero de la obra social de los jubilados, (Di Cesare) dispuso lo necesario para aparentar la existencia de fondos excedentes que en realidad no existían. De esa manera, pretendía justificar, desde el punto de vista formal, las suscripciones de letras del tesoro que realizaba", sostuvo el fallo.

Y "para tornar invisible la maniobra ilícita, se valió de una red de sucesivas y superpuestas suscripciones de letras del Tesoro", escribió Bonadio en la resolución a partir de una denuncia de la ex ministra y legisladora Graciela Ocaña.

El juez entendió que no constituyeron delito las actuaciones de Fábrega ni de los gerentes económicos y financieros del PAMI Danilo Carlos Zelaya, Pedro Miguel Insausti y Carlos Ariel Lieutier, pero dispuso la falta de mérito (sin elementos para procesar pero tampoco para sobreseer) para Lorenzino, aunque ordenó profundizar cómo fue su intervención. DyN