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Más de 5.000 consultas se realizaron en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Olavarría desde su creación, en diciembre de 2012, hasta su virtual cierre, el viernes 18 de marzo de 2016. El desmantelamiento del programa, caído ya en casi todo el país (65 CAJ cerrados y más de 220 despidos) se enmarca en el adelgazamiento del Ministerio de Justicia, dentro de la política de reducción del Estado, que implica más de 30.000 cesantías en tres meses.

La medida fue cayendo de a poco en la oficina que la repartición ocupaba, anexa al Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir de los primeros dos telegramas de despido destinados al coordinador, Xavier Cabrera, y a la abogada. Desde mañana lunes, el CAJ estará cerrado porque se quedó sin dirección. Aunque seguramente muchos ciudadanos que no suelen tener acceso directo a los estamentos estatales que deberían responder, seguirán intentando acudir al CAJ. Que muchas veces pudo redireccionar las necesidades, responder y utilizar el teléfono para que algunas sorderas cayeran por su peso.

Era Xavier Cabrera quien coordinaba el equipo conformado por "una trabajadora social, una abogada, un administrativo y yo", dijo a EL POPULAR el mismo día en que supo que había quedado desempleado. Uno entre los más de 700 cesanteados en el Ministerio de Justicia de la Nación.

"Cuando cierra un CAJ, se achica el Estado en su estructura y desaparecen las políticas públicas que se llevan a los barrios", analizó. "El de Olavarría es uno de los primeros en crearse en el interior, en diciembre de 2012". El objetivo de las dependencias es "el acceso a la justicia, integralmente. A la justicia formal y también a la social. No sólo a la de los estrados judiciales". Por eso el funcionamiento con "un área de asesoramiento gratuito y un área social que se integran en el trabajo: nosotros asesorábamos acerca de cómo realizar un trámite en Anses o informar una situación judicial o regularizar la documentación de inmigrantes o atender denuncias de violencia de género. La persona se iba con una respuesta y, en lo posible, con una solución".

Consultas

Durante el primer año (diciembre de 2012 a diciembre de 2013), el CAJ recibió poco más de 700 consultas. Al año siguiente (entre 2013 y 2014) llegaron a 1.800. El sector popular de mayor vulnerabilidad encontró en esa dependencia un espacio donde dirigirse cuando no había puertas que se abrieran y los caminos eran demasiado escabrosos. "Nosotros hemos resuelto muchos asuntos que tenían que ver con la salud, con problemas con la obra social, todas las consultas que no sabían cómo evacuar terminaban en nuestra oficina", sonríe Cabrera.

"Si desde la política social el Municipio no daba respuesta, nosotros la encontrábamos a través del Ministerio. Ahora no existe esa articulación". El ProFe, la obra social de las personas que cobran pensiones no contributivas, "se cortó". "El Estado ha quedado en stand by. Con la desaparición de los CAJ, hay una serie de políticas públicas que no van a existir más y eso nos preocupa tanto como los puestos de trabajo", asegura el ex coordinador.

Tal vez una de las amarguras mayores para los trabajadores del CAJ "es que asocian la militancia a ser ñoqui; nuestra oficina estaba abierta todos los días y los cuatro trabajábamos aun después de nuestro horario", responde a la excusa generalizada para el despido.

Trámites y persecuciones

Entre las 5.068 consultas que recibió el Centro de Acceso a la Justicia, hubo 3.001 sobre trámites administrativos, 1.224 por problemas sociales, 273 de familia y 249 relacionadas con el Derecho Civil y Comercial. El 22% eran personas discapacitadas. Varios eran extranjeros, con una preeminencia de paraguayos y bolivianos.

Fue el diputado provincial César Valicenti (La Cámpora) quien tramitó la instalación del CAJ en Olavarría. Se trata de una de las herramientas creadas y defendidas por el kirchnerismo puro, actualmente las más castigadas por el gobierno del Pro (Infojus, etc.). Xavier Cabrera sabe que las decisiones se toman con esos parámetros y habla de "persecución ideológica: mezclan nuestra militancia con el trabajo".

Entonces "llevamos el Estado al barrio con 46 CAJ itinerantes en Trabajadores, Martín Fierro, Coronel Dorrego, Nicolás Avellaneda, SCAC, Villa Aurora, La Loma, 12 de Octubre, Luján, Lourdes, Villa Floresta, Provincias Unidas, Facundo Quiroga, La Candela, Villa Mailín, Alberdi y Tiro Federal, en operativos integrales con Anses y Desarrollo Social. Porque muchas veces la gente no tiene recursos para ir hasta el centro". Y en demasiados casos no sabe dónde ir.

De los más de 3.000 trámites administrativos que atendió el CAJ durante su existencia, 1.160 tuvieron que ver con la posibilidad de contar con la TV Digital. Cuando el poderío del cable mantiene cautiva a gran parte de la población fundamentalmente en el interior, donde es imposible conectar con los canales de aire tradicionales. Y el costo, en una oferta oligopólica, es cada vez más inaccesible para vastos sectores populares. Entonces la alternativa de la TDA se convirtió en una herramienta posible. "Realizamos ocho operativos de TDA sumando un total de 1.280 decodificadores entregados a familias e instituciones", recuerda Cabrera.

Le siguen en cantidad trámites ante el Anses -fundamentalmente jubilaciones, pensiones, AUH, etc.- con 849 consultas; Desarrollo Social, 417; y documentación de inmigrantes, 358.

En cuanto a las consultas emparentadas directamente con los problemas sociales, 436 tuvieron que ver con la educación y la escuela, 223 con la vivienda y 206 con la salud.

Además, se canalizaron numerosas inquietudes por dudas identitarias, a partir de la estremecedora aparición del nieto de Estela de Carlotto en Olavarría.

"Muchas veces hablando con la gente que iba por otras consultas terminaba apareciendo un problema de violencia de género, de abuso sexual infantil. Y nosotros debíamos ayudar a buscar un camino que no fuera perjudicial para la persona que nos había dado su confianza". Pero además aparecieron casos de violencia institucional "que lamentablemente van a aumentar. Es notorio en Olavarría cómo la policía se está desbocando, hay mucha libertad de acción y está muy claro que todas estas políticas funcionan sólo con represión. La gente va a quedar muy desamparada"

Como los trabajadores de los CAJ, generalmente sin sindicalización, "a la buena de Dios", como definió Cabrera.

Fábrica de pobres

La decisión central de bajar programas y cesantear empleados públicos bajo la vara moral del trabajador /ñoqui deja, hasta ahora, una huella de más de 30.000 despidos. Que rebotan, a partir de la devaluación, la escalada inflacionaria y el ajuste en la economía, en las expulsiones del mercado laboral en ámbitos privados. El Observatorio del Derecho Social de la CTA (la de Pablo Micheli) cuenta casi 70.000 despidos entre los sectores público y privado. Pero el diario La Nación -insospechable de ejercer algún tipo de oposición- publicó hace once días las cifras de la consultora Tendencias Económicas, que estira las cesantías totales hasta 107.000. Es decir, 107.000 familias sin ingresos. Entre 600.000 y 700.000 personas en situación límite.

El desguace de vastas zonas estatales y la caída de algunos programas de enorme sensibilidad no puede ya cubrirse del manto avalado por importantes sectores poblacionales: los ñoquis a la calle. Un gran porcentaje de los cesanteados trabajaban todo el día y engordaban la eficiencia de programas desmantelados como el de Salud Sexual y Reproductiva (un desguace claramente ideológico), Conectar Igualdad, Infojus (cuyas caídas también son políticas y no de limpieza de holgazanes). Etcétera.

Es probable que haya habido centenares de nombramientos en los últimos minutos de vida del kirchnerismo en el poder. Es probable que algunos programas y/o dependencias hayan sido creados para conchabo de militancia. Pero no significa que haya sido una acción sistemática que implique la necesidad de desaparición tajante de políticas públicas que fueron muy importantes para los menos beneficiados por un capitalismo que, por capitalismo, difícilmente muestre un rostro humano.

La única verdad -alguien dijo que no era otra que la realidad- es que los despidos y la inflación desbocada pusieron en marcha el desguace del Estado y la fábrica impiadosa de pobreza. Película que espasmódicamente se repone en la Argentina.