Aprehenden al guardaespaldas del cónsul en Argentina por su presunta participación en la muerte del diplomático boliviano
El Ministerio Público confirmó la aprehensión de Héctor J.A., de 47 años, conocido como el guardaespaldas del cónsul boliviano en Argentina, por su presunta participación en la muerte violenta de Vicente E.C.Q., de 57 años, quien ejercía funciones diplomáticas en ese país.
La orden fue ejecutada por efectivos policiales, tras la emisión de una resolución fiscal que lo vincula con el presunto delito de homicidio. El detenido se acogió a su derecho constitucional al silencio y permanece en celdas policiales, a la espera de que la Comisión de Fiscales formalice la imputación, en la que se solicitará su detención preventiva.
“Se han encontrado suficientes elementos de convicción para ordenar su aprehensión”, informó el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, al detallar que entre las pruebas se incluyen el informe de intervención policial, muestrario fotográfico, registro del lugar del hecho, levantamiento legal del cadáver y el resultado de la autopsia médico legal, además de contradicciones en su declaración inicial y imágenes captadas en las últimas horas de vida del cónsul.
El Fiscal de Delitos Contra la Vida, Gustavo Chambi, explicó que los hechos se remontan al 13 de abril, cuando el diplomático salió de su domicilio en la zona San Luis Zongo de El Alto, con destino a Villazón, para luego cruzar a La Quiaca, Argentina. Sin embargo, nunca llegó a destino.
Según la investigación, esa noche se habría reunido con Héctor J.A., con quien habrían consumido bebidas alcohólicas en inmediaciones de la Ceja de El Alto. Al día siguiente, Bomberos auxilió a una persona gravemente herida que fue ingresada sin identificar en la Clínica San Salvador. El 17 de abril, a las 03:00 de la madrugada, falleció, siendo luego identificado por sus familiares como el Cónsul de Bolivia en Argentina.
El Informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la causa de muerte fue lesión de centros encefálicos superiores, fractura de bóveda craneal y traumatismo cráneo encefálico cerrado, es decir, una muerte violenta, lo que motivó el inicio de la investigación penal.