El presidente del Estado, Luis Arce, posesionó este lunes por la tarde a Jessica Paola Saravia Atristaín como nueva ministra de Justicia y Transparencia Institucional, en un acto oficial en la Casa Grande del Pueblo. La designación se produce tras la renuncia de César Siles, quien dejó el cargo el fin de semana aduciendo que su permanencia podría generar conflictos a la actual administración.

Durante la ceremonia, Arce evitó hacer mención al exministro Siles y centró su discurso en las tareas inmediatas que deberá asumir la nueva autoridad, entre ellas, la articulación con la Asamblea Legislativa para destrabar leyes pendientes, como la relacionada a la lucha contra ganancias ilícitas, un tema de especial atención tras el reciente ingreso de Bolivia a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Existen normas importantes que no se sabe por qué no han sido tratadas por la Asamblea”, sostuvo el mandatario, al tiempo de remarcar la necesidad de avanzar en una agenda legislativa coordinada y efectiva.

Por su parte, la ministra Saravia manifestó su intención de conducir una gestión apegada a la transparencia, con énfasis en el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. También expresó su respaldo a los lineamientos del Ejecutivo y reafirmó su compromiso con el trabajo institucional.

Perfil profesional

Jessica Paola Saravia es abogada, con formación complementaria en áreas como auditoría jurídica, gestión de calidad y mecanismos de prevención antisoborno. Tiene una larga trayectoria en la administración pública vinculada al área de fiscalización y lucha contra la corrupción.

Se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego en dos periodos: de 2016 a 2019 y nuevamente entre 2020 y 2023. También fue viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016 y ocupó cargos técnicos en el extinto Ministerio de Transparencia desde 2009. Además, trabajó como consultora en Cancillería, como abogada en la Defensoría del Pueblo y fue docente universitaria.

Su nombramiento llega en un contexto político marcado por tensiones internas y cuestionamientos a la independencia judicial. La gestión de Saravia deberá responder a múltiples desafíos, entre ellos, mejorar la percepción sobre la administración de justicia y avanzar en reformas estructurales postergadas.