La audiencia del caso denominado Golpe de Estado I, que involucra al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari, fue suspendida hasta el martes a las 14:00. La decisión fue tomada por el Tribunal tras la necesidad de verificar las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

La sesión judicial se instaló a las 09:00 de este lunes en el Tribunal de Sentencia de La Paz. Sin embargo, después de varias horas de revisión y resolución de incidentes procesales, la audiencia fue declarada en cuarto intermedio al mediodía. Posteriormente, el juzgado decidió suspenderla hasta el día siguiente para evaluar las pruebas presentadas.

Según explicó el abogado de Marco Pumari, Diego Gutiérrez, de las aproximadamente 100 pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, más de 60 fueron excluidas por no cumplir con los requisitos legales. “La mayoría eran fotocopias simples, sin autenticación, y no pueden ser valoradas como pruebas válidas”, señaló el jurista.

El defensor de Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, también cuestionó la pertinencia de algunas de las pruebas introducidas por el Ministerio de Gobierno, señalando que muchas consistían en recortes de prensa, un libro sin autor identificado y opiniones personales que no constituyen elementos de prueba sólidos. “Este tipo de documentación no puede ser considerada en un juicio serio, mucho menos valorada por el tribunal”, afirmó.

Durante la jornada, la familia del gobernador Camacho estuvo presente en la audiencia. Su hijo, Fernando Camacho, reiteró que este proceso tiene un trasfondo político. “No hay ninguna duda de que este es un juicio político”, sostuvo ante los medios de comunicación.

El caso Golpe de Estado I se inició en 2020 tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty. El proceso busca establecer responsabilidades en los hechos que llevaron a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. La audiencia continuará este martes, donde se espera que se resuelva la situación procesal de los acusados.