dpuertas@elpopular.com.ar

Policías y penitenciarios podrían llevar adelante una retención de tareas de unas veinte horas el 2 de abril si prosperan los llamados a la huelga que iniciaron referentes de los gremios que pretenden representarlos desde hace tiempo y que se canaliza a través de las redes sociales.

El detonante es el aumento que les concedió el Ejecutivo bonaerense del 15 por ciento, al igual que al resto de los estatales con la excepción de los docentes, aunque la reforma anunciada también genera tensiones dentro de las fuerzas, aunque por motivos que no se pueden decir públicamente.

Los estudios realizados por la administración de María Eugenia Vidal sobre las fuerzas arrojó resultados que espantan a los funcionarios, ya que se detectó un altísimo grado de corrupción, graves problemas operativos, poco y malo equipamiento y un marcado descontrol.

De todo esto sólo hubo trascendidos, ya que al menos en las declaraciones públicas hubo una notoria prudencia en el poder político. Aunque la retención de tareas sería una medida de fuerza directa y publicitada, al menos la Policía Bonaerense tiene en marcha desde hace tiempo una acción encaminada a presionar al poder político, como se palpa en las calles de las ciudades de toda la provincia, con un inusual número de delitos, algunos de los cuales revelan un alto grado de organización y tareas previas de inteligencia.

En el Conurbano bonaerense volvieron con todo los secuestros extorsivos. Sugestivamente, hace algunas semanas en sitios web sospechosos de ser manejados por actuales o ex agentes de inteligencia ya se había anunciado que este tipo de secuestros regresarían con fuerza y con complicidad policial, por acción o por omisión.

Por alguna razón, el gobierno provincial ordenó a los policías que no brinden más informaciones sobre hechos delictivos al periodismo. La primera información que no se difundió oficialmente fue precisamente esa orden, la cual, por supuesto, rápidamente llegó a oídos de la prensa.

Los trascendidos, algunos de los cuales llegaron a la prensa en cuentagotas, indican que el desmanejo y la corrupción son especialmente notorios en los grandes centros del Conurbano.

Según el periodista Jorge Joury, en la auditoría sobre la Bonaerense se detectó el pago de 14.000 seguros de automotores, pero el total de la flota era de sólo 6.800 vehículos. También apunta que muchos patrulleros una vez que quedan prácticamente inutilizables por el trajín al que son sometidos terminan en desarmaderos clandestinos, por lo que actualmente ni siquiera se sabe cuál es exactamente el parque automotor de la fuerza.

El nuevo esquema organizacional de la Bonaerense ya deja afuera a unos cuantos comisarios mientras otros pierden el control de las cajas de la recaudación ilegal. Si al malestar de los jefes porque se pueden poner en riesgo sus ingresos suplementarios se le suma la bronca de los cuadros medios y bajos por el raquítico aumento salarial recibido, no es difícil considerar a la situación como explosiva.

En el SPB las cosas no son demasiado diferentes, como es público y notorio desde hace muchos años. Ya el Ministerio de Justicia comenzó a ajustar las tuercas para minimizar la corrupción, pero tropezarán con hábitos tan antiguos que ya están naturalizados.

Hubo jefes penitenciarios que fueron separados porque se halló carne en un freezer protegido por un candado que suponen era para los jefes. La "runcha", es decir los alimentos que se sacan de la comida de los presos para que los jefes se lleven a su casa, hace muchos años que dejó de ser considerado un robo por los penitenciarios.

Y ése es probablemente el menor de los delitos que ya dejaron de ser tales para los guardiacárceles.

Por eso para muchos jerarcas una huelga policial y penitenciaria aunque más no sea por unas horas les puede servir, creen, para frenar o, por lo menos, minimizar los alcances de la cruzada moralizadora que pretende instrumentar María Eugenia Vidal.

Hay otro elemento que aviva la hoguera de la rabia policial y penitenciaria: el aumento conseguido por los docentes, quizá fundamentalmente por la necesidad política de que las clases comenzaran normalmente que por estar convencidos de que los maestros ganan poco.

Prácticamente duplica el recibido por el resto de los estatales, policías y penitenciarios. En enero todos confiaban en que el incremento conseguido en la paritaria docente sería tomado como referencia para todos los demás. No fue así y a la bronca por el magro aumento de sueldos se le suma la comparación con los educadores.

En los próximos días ya se podrá ir midiendo el nivel de adhesión que puede alcanzar la retención de tareas. Para que el ciudadano común se haga una idea de lo que pueden ser esas horas, la medida incluiría no atender los llamados de emergencia.

El otoño no se avizora demasiado amable para María Eugenia Vidal. Probablemente para el resto de los bonaerenses tampoco.