Daniel Puertas

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La sentencia de muerte dictada por los delincuentes contra el fiscal Juan Carlos Viena y el fiscal Guillermo Camporini no pudo ser ejecutada porque un ex policía preso y otro delincuente olvidaron una cuestión hoy elemental: que los teléfonos no son seguros.

Aunque esos crímenes nunca lleguen a concretarse, es sólo cuestión de tiempo que las organizaciones narcocriminales comiencen a usar la violencia sistemáticamente contra quienes se atreven a desafiarlas y no sólo contra quienes les disputan el "mercado".

El primer signo de que en la provincia de Santa Fe las bandas se sienten ya lo suficientemente poderosas como para enfrentarse al Estado fueron los disparos contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti en la ciudad de Rosario.

Aunque se cree haber identificado a los autores del atentado y las acciones policiales y judiciales contra el narcotráfico se aceleraron, los asesinatos siguieron sucediéndose sin solución de continuidad. La captura de 35 integrantes de "Los Monos", once de ellos policías, fue un golpe duro, pero sólo contra uno de los grupos que manejan el negocio de las drogas ilegales en esa provincia.

La Iglesia, dirigentes de todo el arco político y ONG levantaron sus voces alertando sobre el drama que se está desarrollando en el país y reclamaron urgentes acciones contra los traficantes de sustancias psicoactivas ilegales.

Previsiblemente, el tema se convirtió también en herramienta de uso político electoral, lo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero suma un poco más de confusión.

Nadie parece reparar en que la Argentina no está preparada para hacer frente con éxito a un fenómeno que no es original en sus formas, aunque sí en su magnitud, y al que ningún país del mundo pudo frenar con las herramientas aconsejadas -y también impuestas- por los Estados Unidos en los últimos ochenta años y que, por el simple ejercicio del poder, se extendieron al resto del mundo.

Precisamente los carteles del narcotráfico pusieron la mira en la Argentina cuando la guerra que les estaban haciendo en los países donde se habían asentado les elevaban los costos de producción y distribución y les causaban otras dificultades.

Países como Colombia, México y varios de los centroamericanos invirtieron ingentes recursos que debían haber volcado en otros sectores más útiles para sus pueblos en librar guerras militares y policiales contra los narcos, pero no lograron vencerlos, aunque sí consiguieron que muchos de ellos buscaran tierras más tranquilas para sus actividades.

Cultores conscientes o inconscientes del capitalismo en estado más puro y salvaje, los carteles actúan como cualquier empresario y en el lugar donde se asientan buscan ampliar el mercado para sus productos. Así el consumo se va disparando en la Argentina a medida que las bandas extienden sus tentáculos.

Hace diez, quince o veinte años en Olavarría los consumidores de droga debían comprarle a un pequeño emprendedor que viajaba a Buenos Aires para comprar unos cuantos gramos de cocaína o quizá hasta un kilo de marihuana y, después de cortarla, la distribuía entre sus clientes como cualquier vendedor callejero.

Hoy existen bandas con un eficiente sistema de organización y comercialización que cuentan con buenos contactos, protección garantizada y soldados dispuestos a eliminar a tiros a sus competidores. Esto no es una mera conjetura.

Durante las audiencias de debate en el juicio por el asesinato del penalista Marcos Alonso se pudieron vislumbrar detalles de esa realidad abrumadora. A pesar de que hay datos concretos contenidos en un expediente judicial, no hubo éxito importante alguno del Estado en su lucha contra las drogas en Olavarría.

Como inevitable consecuencia, cada día crece el número de jóvenes consumidores de droga en la ciudad. En al menos cuatro de los cinco homicidios registrados en Olavarría en febrero, la droga formaba parte al menos del telón de las tragedias.

Un poco de historia

Recién con el Harrison Act aprobado por el Congreso estadounidense en 1914 muchas drogas pasaron a ser ilegales y muchos hasta entonces honrados y respetables ciudadanos se convirtieron de un momento para el otro en delincuentes.

Cuando en 1920 se prohibió el alcohol la marihuana era una droga prácticamente desconocida y de bajísimo consumo. La Ley Seca, que duró diez años, no sólo permitió el desarrollo de la Cosa Nostra, elevándola a la categoría de organización criminal capaz de pelear con fortuna contra el Estado, sino también alentó el consumo de marihuana, el que se disparó a niveles sorprendentes.

Quienes no podían prescindir del alcohol desafiaban la ley y le compraban bebidas de bajísima calidad y a veces hasta letales a los mafiosos. Quienes buscaban sólo una sustancia que los hiciera sentirse un poco mejor, se dedicaron a la marihuana, que no fue prohibida hasta 1937.

Hasta que el puritanismo norteamericano no impuso sus reglas al resto del mundo, la mayor parte de las prohibiciones de drogas tenían que ver con cuestiones religiosas, culturales o raciales. Los españoles vedaron el consumo de hongos alucinógenos a los pueblos originarios conquistados, que los usaban con fines religiosos, por considerarlos un "armas del diablo".

El consumo de opio se limitó en los Estados Unidos en 1875 porque lo consumían los inmigrantes chinos y extendían su uso a través de lo fumaderos. La marihuana y la cocaína eran consideradas "drogas de negros" en el mismo país y por eso vinieron los primeros intentos de prohibirlas.

Cuando China decidió declarar ilegal el consumo de opio, que aumentó enormemente por acción de las tácticas comerciales inglesas, que dominaban la distribución, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a la emperatriz viuda.

Fue en defensa de los sagrados principios del libre comercio.

Más de un siglo después, los países más poderosos del mundo impusieron las reglas dictadas por Washington y dejaron el comercio de drogas en la órbita criminal. Lo más importante que consiguieron fue permitir el desarrollo de los carteles criminales que hoy desafían a los Estados y se imponen sin mayores dificultades a los más débiles.

Esas organizaciones hoy están en proceso de consolidar sus negocios en la Argentina. Lo que más se le reclama al Estado argentino hoy es que use las mismas herramientas con las que fracasaron todos y cada uno de los países que ya avanzaron mucho en el mismo camino triste que hoy comienza a transitar nuestro país.

En realidad, el primer paso para intentar que el problema no sea más dramático es enfocarlo desde la óptica de la salud pública y no como una exclusivamente cuestión policial.

Casi todo lo demás no depende de lo que se decida dentro de nuestras fronteras, sino de una política acordada con otros países, porque el narcotráfico hoy está globalizado: es un drama internacional.