El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció que los costos relacionados con el operativo de las fuerzas federales para contener las violentas protestas de los piqueteros durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero ascienden a $134.486.038 pesos argentinos.

Esta factura será enviada al tesorero del Polo Obrero y a los de todos los movimientos sociales y partidarios que participaron en las manifestaciones. Además, la ministra Patricia Bullrich presentó una solicitud de medida cautelar ante la Justicia para embargar los bienes de los manifestantes hasta que se complete esta suma.

Durante los tres días en que se debatió en el Congreso el proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei, diversas organizaciones sociales y de izquierda se movilizaron frente al edificio legislativo, causando daños, destruyendo veredas, incendiando contenedores de basura y agrediendo al personal de seguridad.

A través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, el Ministerio de Seguridad solicitó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicte una medida cautelar contra los responsables de estos hechos.

El pedido señala: "De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados".

Según el Gobierno, la suma total de los gastos del Estado en estos tres días asciende a $134 millones, incluyendo el pago a los efectivos de seguridad, el combustible de los vehículos y los equipos utilizados por las fuerzas de seguridad.

El despliegue de la Gendarmería demandó $55.489.310; la Prefectura Naval Argentina, $45.981.438; la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), $555.289, y la Policía Federal Argentina, $32.460.000.

El Ministerio también mencionó que se agregarán los costos del tratamiento médico de los miembros de las fuerzas de seguridad que resultaron heridos por los manifestantes, los cuales aún se están determinando y serán proporcionados una vez que estén debidamente establecidos.